Desde el IVIN se han transmitido una serie de reclamaciones al alcalde de la localidad, Damián Ibáñez (deUPdN), relacionadas con distintas resoluciones adoptadas por el equipo de gobierno tripartido (del que forman parte estos dos partidos, además del PSOE). Desde la oposición de critican esos proyectos y se considera que se actúa en contra de los intereses de los vecinos.
José García
El exalcalde de Náquera, el popular Ricardo Arnal, no ve con buenos ojos que IVIN esté tomando la iniciativa en una serie de propuestas que se aprobaron hace unos meses y que no se han llevado a la práctica. Considera que los representantes de IVIN “no se guían por los intereses del municipio, sino por otros de dudosa legalidad”.
El pasado miércoles, se presentó desde el IVIN un documento con cuatro reclamaciones: en la primera se solicita al Ayuntamiento a que inste a la mercantil que explota el servicio del Bar-Restaurante y las Instalaciones Deportivas situados en la urbanización Mont-Ros a que abone el importe de la cantidad estipulada por el arrendamiento de dicho espacio o bien se desaloje al propietario de dicha empresa, por no haber satisfecho esa cantidad.
En segundo lugar, reclama IVIN que se conceda provisionalmente el uso de la Caseta de Información a la Asociación de vecinos de Mont-Ros; el tercer lugar, se recuerda que el Ayuntamiento ya ha recepcionado los terrenos dotacionales de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación ‘Comunidad de Propietarios Urbanización San Miguel’, por lo que cabe reclamarle a ésta los 7.500 euros que percibe de ‘Telefónica Móviles de España, SA’ por un repetidor instalado en dichos terrenos.
Finalmente, instan desde IVIN al Ayuntamiento a que requieran al gerente de la empresa que está explotando el servicio del Bar-Restaurante ubicado en el Club Social de la urbanización de San Miguel a que ingrese la cuantía que corresponde por dicho servicio. Señalan estas mismas fuentes que “actualmente se está ofreciendo el servicio sin conocimiento ni autorización de la corporación, y sin que la administración local haya autorizado dicho arrendamiento”.
Desde el PP se manifiesta que el IVIN “está chantajeando a UPdN y PSOE, actuando caprichosamente, de forma alocada y saltándose toda formalidad legal”. Cree el portavoz popular, Ricardo Arnal, que si se llevan a cabo estas reclamaciones “no se estará actuando de forma adecuada, por lo que pueden haber reclamaciones legales contra la corporación que supondrían indemnizaciones millonarias contra el consistorio o incluso una responsabilidad penal en la figura del alcalde, Damián Ibáñez”.
También considera Arnal que las actuaciones que se están llevando a cabo contra la empresa que ofrece sus servicios en el Club Social de la urbanización San Miguel: “se trata de una actuación injustificada, pues el restaurante está en regla”. Considera que este tipo de actuaciones “van en contra de los intereses del equipo de gobierno y también en contra de los intereses del pueblo”.