La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Urbanizaciones ‘El Paraíso’ y ‘Fuente del Oro’, en Náquera, ha remitido sendos documentos de denuncia al Síndic de Greuges y el Parlamento Europeo para protestar ante el “trato discriminatorio y desigual” al que aseguran que se les está sometiendo.
José García
Consideran los representantes de este colectivo vecinal que se están vulnerando sus derechos ya que no se les está tratando del mismo modo que a los vecinos de otras urbanizaciones naqueranas, como ‘San Miguel’, ‘Mont-Ros’ o Bonanza’.
Aseguran estas fuentes que se les está obligando a pagar unas cuotas al ente ‘Cooperativa de Consumo’, encargada de gestionar el buen estado de conservación de las zonas comunes (jardines, calles, viales, etc.) de la urbanización. Sin embargo, entre sus peticiones figura que sea el Ayuntamiento de Náquera quien asuma esa responsabilidad, tras recepcionar dichas zonas públicas y declare finalizado el proceso urbanizador.
“Estamos pagando dos veces por recibir el mismo servicio que el resto de los vecinos del municipio”, señala María Victoria Piñango, miembro de la Junta de Vecinos de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Urbanizaciones ‘El Paraíso’ y ‘Fuente del Oro’: “Pagamos a la ‘Cooperativa de Consumo’ y al Ayuntamiento de Náquera, pero exigimos igualdad de derechos y de obligaciones; si no se atiende nuestra reclamación, estaremos ante un evidente caso de trato discriminatorio”.
Desde este colectivo se denuncia, asimismo, que existe poca información respecto al uso que se le da al dinero que recauda la ‘Cooperativa de Consumo’ a los residentes de las urbanizaciones ‘El Paraíso’ y ‘Fuente del Oro’: “Desconocemos si está controlada el agua de la zona, ignoramos en qué se emplean las cuotas que pagamos y seguimos sin tener noticias de cuándo se celebrará la reunión de la Junta Rectora de la Cooperativa, después de que se nos dijera que iban a abaratar los costes”.
Estas mismas fuentes señalan que ha habido “dos reuniones infructuosas con el gobierno municipal”, al que achacan una clara “falta de iniciativa a la hora de defender los derechos de los vecinos de estas dos urbanizaciones”.