El equipo de Gobierno de Riba-roja achaca la denuncia a una “rabieta” y defiende la legalidad del proceso
El equipo de Gobierno de Riba-roja achaca la denuncia a una “rabieta” y defiende la legalidad del procesoLa Fiscalía ha incoando las diligencias de investigación penal por la denuncia presentada por Podemos por un presunto “amaño” del concurso para la contratación del servicio de asesoría jurídica en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y ha designado fiscal instructor del caso.
Los hechos fueron denunciados por los tres concejales del grupo municipal Riba-roja Pot, Concha Noguera, Andrés Fernández y Rubén Ferrer, que presentaron, según declararon ellos mismos, “pruebas muy sólidas” de que se había producido un presunto “amaño” del concurso negociado sin publicidad de asesoría jurídica municipal.
Los denunciantes manifestaron que presuntamente se había utilizado el “método fraudulento” de “las empresas comparsa”, por el cual, explicaron “cuando un contrato de un servicio pasa de una determinada cantidad económica y se debe invitar a al menos tres empresas para que hagan ofertas, se invita a la que se quiere que lo gane y a dos empresas más que hacen de empresas comparsa, conocidas de la primera, y que siempre pujan por encima de la que se quiere que gane el concurso”.
En el caso, añadieron los ediles de la oposición, “dos abogados pujaron por la cantidad máxima permitida -54.000 euros- y el abogado que ganó lo hizo pujando por 300 euros menos”.
Por parte parte, desde Podemos aseguran, citando como fuentes a funcionarios del Ayuntamiento de Riba-roja, que el abogado Álvaro Aleixandre al que en el informe pericial presentado en la Fiscalía se apuntaba como “autor de las tres instancias de los abogados que optaban al concurso y ganador del mismo” ha dimitido de su cargo de asesor.
El grupo de la oposición han pedido al alcalde, a través de un comunicado que explique “cómo puede ser que pasadas 48 horas de invitar a los abogados a concursar de forma independiente para el servicio de asesoría jurídica, se encontraran las tres ofertas juntas en el registro de entrada, y según el peritaje caligráfico, estuvieran firmadas por el que ganó el concurso”.
Desde el equipo de gobierno se ha atribuido la denuncia de Podemos en la Fiscalía a una “rabieta” del portavoz municipal, Rubén Ferrer, al proceso interno de elecciones y a “sus ansias de una moción de censura” .
El Ejecutivo socialista ya respondió en su día a la denuncia a través de un comunicado alegando que dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención “avalan el proceso de contratación” y “desmienten tajantemente la denuncia”.
Los dictámenes municipales establecen que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria aplicó el procedimiento establecido para la adjudicación de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público. Para ello se presentaron tres ofertas y se adjudicó la de menor cuantía por un importe de 53.640 euros para tres años, a razón de 21.780 euros anuales.
Ambos informes constatan que en el expediente de contratación se realizaron todos los trámites necesarios para su adjudicación definitiva como la providencia de alcaldía sobre incoación del expediente de conformidad, el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas, el informe favorable del secretario, el coste del contrato sin prórrogas y, por último, el informe sobre la existencia de créditos económicos para su financiación.
Finalmente, la contratación se aprobó mediante una resolución de alcaldía el 8 de agosto de 2016 tras los informes favorables del secretario sobre los pliegos de condiciones para rubricar el contrato y de la interventora municipal respecto de la fiscalización del expediente. El órgano de contratación procedió a la apertura de las plicas, examinó la documentación aportada y se clasificaron las mismas de forma que la más ventajosa económicamente fue la adjudicataria, fijada en 53.640 euros.
El equipo de Gobierno atribuyó esta actuación a una “rabieta” de Ferrer, tras su reprobación pública y solicitud de dimisión aprobada por mayoría absoluta el pasado 8 de mayo por “escuchar, difundir y manipular conversaciones privadas del grupo municipal Ciudadanos en dependencias del ayuntamiento” y considera que la denuncia “responde a un claro propósito político de Podemos por adquirir notoriedad en el proceso de elecciones internas para elegir a sus miembros, aunque para ello tengan que mancillar el nombre del municipio sin ningún tipo de escrúpulos; el grupo municipal de Riba-roja Pot se ha convertido en el ariete político del PP en sus ansias por realizar una moción de censura contra el actual gobierno”.