El equipo de Gobierno considera un “trámite” el acuse de recibo a la denuncia de Podemos

La finalidad es “de acoso y derribo de la alcaldía” tras la querella de C’s en Riba-roja por grabación ilegal

El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y EU- ha mostrado el “respeto absoluto” al acuse de recibo de la Fiscalía tras la denuncia presentada por Riba-roja Pot por la contratación pública de una asesoría jurídica municipal. “Es un trámite que se sigue en todas las denuncias que se presentan”, señala en un comunicado.

El gobierno municipal se ha mostrado “tranquilo” ante lo que considera “una nueva ofensiva de Podemos con el único ánimo de atacar e intentar destruir la labor que estamos realizando tras más de 20 años de gestión del PP. Su único ánimo es conseguir la alcaldía a cualquier precio y para ello no dudan en aliarse en todos los plenos con el PP para poner palos en las ruedas del ayuntamiento”.

Asimismo, ha mostrado su convencimiento de que esta “denuncia política que persigue el desgaste del equipo de gobierno y el acoso y derribo constante de la alcaldía se archivará ya que la gestión del ayuntamiento ha sido encomiable; se trata de una estrategia estudiada de Podemos tras la denuncia de Ciudadanos por grabación ilegal de una conversación privada en los despachos del ayuntamiento para su posterior difusión pública, lo que le valió a su portavoz municipal, Rubén Ferrer, su reprobación por el pleno por primera vez en la historia de Riba-roja por su conducta deleznable”.

El ejecutivo local ha avanzado que el proceso judicial “pondrá a cada uno en su sitio y se demostrará que el alcalde y los funcionarios municipales realizaron una labor intachable en el procedimiento para adjudicar el servicio de asesoría jurídica”.

Para ello, dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento avalaron el proceso seguido para adjudicación pública de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público. De las tres ofertas presentadas, finalmente se adjudicó por un importe de 53.640 euros para un periodo total de tres años, a razón de 21.780 euros anuales.

La ley actual del sector público atribuye a la alcaldía la competencia para adjudicar contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados “cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los plurianuales cuando su duración no sea superior a cuatro años”, requisitos todos ellos que cumple el contrato de asesoría jurídica.

Finalmente, relatan fuentes municipales, la contratación de la asesoría jurídica se aprobó mediante una resolución de alcaldía el 8 de agosto de 2016 tras los informes favorables del secretario sobre los pliegos de condiciones para rubricar el contrato y de la interventora municipal del 18 de junio respecto de la fiscalización del expediente. El órgano de contratación procedió a la apertura de las plicas, examinó la documentación aportada y se clasificaron las mismas de forma que la más ventajosa económicamente fue la adjudicataria, fijada en 53.640 euros.