El fiscal remite al juzgado la denuncia de Podemos por el contrato de la asesoría jurídica municipal para que abra diligencias previas

La Fiscalía pide la declaración del alcalde de Riba-roja que asegura que “se ha actuado desde la legalidad”

La Fiscalía ha remitido al juzgado de Llíria las diligencias de investigación penal incoadas tras la denuncia de Podemos por el contrato de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria para que se abran diligencias previas y se tome declaración en calidad de investigado al alcalde socialista, Robert Raga, y a los abogados que participaron en el concurso. Además se solicita la pericial caligráfica de las instancias presentadas y las que consideren derivadas de éstas.

El Fiscal Jefe de la provincia de Valencia, según se recoge en el decreto al que ha tenido acceso InfoTúria.com, entiende que los hechos denunciados el pasado mes de mayo por los concejales de la oposición contra Raga  “podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación y de fraudes y exacciones ilegales “al haber indicios suficientes de haber un concierto previo entre las empresas propuestas y la alcaldía para lograr la adjudicación al antiguo prestatario de dicho servicio”.

Desde Podemos defienden en un comunicado que “es nuestra responsabilidad como concejales el poner en comunicación de la Justicia cualquier hecho que consideremos pudiera ser delictivo. Nuestra actitud siempre va a seguir siendo implacable contra cualquier indicio de corrupción, venga ésta de donde venga”.

Por su parte, el alcalde de Riba-roja ha manifestado a este periódico que no ha recibido ninguna notificación, pero ha avanzado que “iré encantado a declarar ante el juez a explicar mi actuación” y ha defendido que “se ha hecho todo desde la legalidad”.

Raga ha asegurado que está tranquilo porque, según ha reiterado, “he actuado desde la absoluta legalidad” y “confío en la justicia”.

Los hechos a los que se hace referencia la denuncia presentada por los concejales de Podemos tuvieron lugar en verano de 2016 cuando finalizó el contrato de principio de legislatura al abogado Álvaro Aleixandre para asesorar jurídicamente al equipo de gobierno y se convocó un concurso al que se presentaron tres ofertas.

Una de ellas era la del anterior prestatario del servicio y los otros dos, que según afirman los denunciantes “presuntamente actuaron como comparsa”, puesto que según las pruebas presentadas por los concejales de Podemos mediante un informe caligráfico pericial “ni siquiera firmaron las instancias presentadas para concursar, sino que fue el propio Álvaro Aleixandre quien lo hizo”.

El abogado, que dimitió de su cargo de asesor semanas después de la denuncia, tendrá que declarar como investigado junto a Sergio Belenguer y Gonzalo García.