El TSJ condena al Ayuntamiento a pagar 28.300 euros a la empresa que construyó la piscina

El consistorio de Riba-roja de Túria abonó 2,5 millones en sobrecostes

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tendrá que pagar 28.300 euros a la empresa que ejecutó las obras de la segunda fase de la piscina pública de la Mallà por deudas en la liquidación económica que practicó el consistorio en un pleno celebrado en 2010, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Este pago se suma a los sobrecostes de hasta un 71% al pasar de los 3,5 millones iniciales a los 6 millones finales.

El litigio judicial se inició a raíz de la resolución del contrato aprobada en el pleno del 9 de abril de 2010 sobre las obras de la segunda fase de la piscina que incluían la incautación del aval por 117.042 euros y una liquidación de la que el ayuntamiento deducía 331.978 euros como compensación por los fallos y las deficiencias en la ejecución.

Sin embargo, el recurso de la mercantil fue admitido por la sala de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia que ordenaba una modificación de la liquidación propuesta por el consistorio al rebajarla de los 331.978 a los 205.695 euros finales. De esta forma, la sentencia del TSJ aceptaban una reformulación de la liquidación propuesta por la constructora.

El fallo de la sala de lo contencioso-administrativo constata defectos “reconocidos por el director de la obra, no se realizó la conexión al sistema de saneamiento por parte de la administración y no se aprobó un proyecto modificado pese a haber sido solicitado por el propio director de las obras”.

Los jueces añaden que la demora en la ejecución de las obras “fue propiciado en gran medida por el retraso de la administración en aprobar un proyecto modificado” y la falta de finalización de las obras “viene motivado por causas no directamente imputables a la contratista al no lograr que la contratista aceptara la liquidación del contrato propuesto al hallarse en situación de concurso de acreedores”.

Las obras de la piscina se debían haber puesto en marcha en el 2007 pero se demoraron hasta 2013 y ha necesitado esta legislatura una inversión de más de 500.000 euros para reparar los 40 fallos detectados por una auditoría como grietas, material en mal estado, aparatos obsoletos y fuera de garantía.

El equipo de gobierno atribuye esta sentencia “la herencia recibida del PP” y valora el fallo como una “muestra su catastrófica gestión en los recursos económicos con unas instalaciones deportivas que se hicieron tarde, mal y que costaron más de lo que estaba previsto y que no sirven para competiciones porque no cumplen las medidas oficiales”.