182 familias desfavorecidas reciben lotes de comida cada mes

  A cambio de cursos de formación e inserción laboral 

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha repartido lotes de comida a 182 familias desfavorecidas de la localidad cada mes durante el primer trimestre del año dentro del programa de ayuda alimentaria financiado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para los más Desfavorecidos (FEAD) y el otro 15% por el presupuesto del Estado.

Los lotes repartidos entre las familias recorren una línea de actuación a partir de la compra directa de alimentos en el mercado, el suministro a los centros de almacenamiento y la distribución de las organizaciones asociadas de distribución. Finalmente, son las organizaciones asociadas de reparto autorizadas, en este caso el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, quienes se encargan de repartirlo.

Las ayudas están supeditadas a la realización obligatoria de medidas para facilitar su inserción social y laboral posterior en asociaciones y entidades locales, consistentes especialmente en la realización de cursos de formación e inserción socio-laboral cuyo contenido decide una mesa de evaluación formada por los técnicos municipales de Bienestar Social.

Durante el último semestre del pasado año se repartieron 19.060 kilos de comida, entre alimentos frescos que dos supermercados aportan a diario, productos envasados próximos a caducar, charcutería al corte, frutas, verduras, dulces y lácteos.

La demanda de ayudas sociales ha obligado al Departamento de Bienestar Social de Riba-roja de Túria a ampliar el horario de atención y ayuda a las familias con necesidades sociales y económicas. Así, las puertas del departamento se abren desde las 8 de la mañana a las siete de la tarde ininterrumpidamente, excepto los viernes por la tarde.

Además, se han aumentado las áreas de trabajo del área de Servicios Sociales que se estructurarán en los departamentos de Mayores, Menores, Diversidad Funcional, Ayudas Sociales y Educación Social. Los recursos humanos también se han incrementado de 5 a 20 empleados públicos que pueden atender a los demandantes de ayuda social.