El proyecto cubre una carencia social histórica en el municipio y la comarca
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha materializado la compra de un piso tutelado en el casco urbano destinado a siete personas con discapacidad funcional intelectual que convivirán con el correspondiente equipo de profesionales y monitores. Este proyecto social pone fin a una reivindicación histórica por parte de diversos colectivos sociales de la localidad y de la comarca del Camp de Túria.
El acto de compra entre el consistorio de Riba-roja y la familia propietaria de la vivienda ha tenido ya lugar de forma que el piso, ubicado en la Avinguda de la Pau, en pleno centro del casco urbano, pasa a ser de propiedad municipal. Tras la adquisición, el inmueble será sometido a diversas tareas y trabajos de acondicionamiento antes de poder ser ocupadas por las siete personas.
La ubicación de la vivienda en pleno centro del casco urbano de Riba-roja de Túria se ha elegido expresamente con la intención de que las siete personas “con diversidad funcional y la población en general puedan lograr una plena inclusión con el resto de la población y consigan una integración en todos los aspectos y sectores posibles en su día a día, como comercios, establecimientos y servicios municipales en general”.
Este proyecto tendrá carácter comarcal y se enmarca en la labor desarrollada desde la concejalía de Inclusión y Derechos Sociales junto al resto del equipo de gobierno que ha desembocado en un acuerdo con la Mancomunitat del Camp de Túria de forma que se paliará la falta de recursos existentes actualmente destinado a personas con diversidad funcional intelectual.
Cabe recordar que la puesta en marcha de este importante proyecto, iniciado ya con la adquisición de la vivienda en Riba-roja, constituye uno de los ejes de la acción de gobierno de esta legislatura por cuanto existe una demanda social en el municipio y en el resto de la comarca por cuanto de esta forma se reconoce su individualidad, su potencial de crecimiento, su desarrollo y su adaptación al entorno.
Además, cabe recordar que el consistorio ha conseguido ya la correspondiente acreditación administrativa por parte de la Conselleria de Inclusión como vivienda tutelada oficial de forma que la Generalitat Valenciana se hará cargo de los habituales gastos de gestión y mantenimiento que supone su puesta en marcha efectiva desde ahora.
El concejal de Inclusión y Derechos Sociales, Rafael Gómez, ha expresado “la satisfacción” del departamento municipal y del resto del equipo de gobierno “porque finalmente ve la luz un proyecto esencial que recoge una reivindicación histórica del centro ocupacional comarcal que demandaba una respuesta efectiva ante una carencia tan importante para un segmento esencial de la población”.