Riba-roja acumula una deuda de 11 millones por fallos judiciales

Litoral del Este exige 25 millones, además, como indemnización por Porxinos

El PSPV de Riba-roja de Túria ha denunciado que el ayuntamiento acumula a estas alturas de la legislatura el pago de hasta 11’1 millones de euros en materia de los fallos judiciales y por las deudas derivadas de la gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular. A esta cantidad hay que sumar los 25 millones de euros que reclama la mercantil Litoral del Este por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos donde estaba prevista la construcción de la ciudad deportiva del Valencia, viviendas y un campo de golf.

A esta suma cabe añadir los 3’4 millones de euros que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia -recurrida en casación en el Tribunal Supremo- por la ocupación de una parcela en los años 70 para destinarlos a zona verde en la urbanización de Montealcedo sobre una superficie de 58.000 metros cuadrados. De momento, ya se han abonado 800.000 euros hasta que la sentencia sea considerada firme.

Sin embargo, según advierte PSPV-PSOE, el equipo de gobierno de Riba-roja de Túria también ha tenido que afrontar deudas antiguas del anterior ejecutivo del Partido Popular como los 575.865 euros que hubo que abonar a la Diputación de Valencia correspondientes a los ingresos que el ejecutivo del ex alcalde, Francisco Tarazona, no realizó en concepto del impuesto de actividades económicas (IAE) entre los años 1999 y 2014.

La acumulación de obligaciones financieras derivadas de litigios judiciales se completa con otras cuestiones como la ocupación de unos terrenos en el Barranc de les Monges valorada en 2’2 millones más otros 500.000 euros como intereses cuyo conflicto se remonta al año 2005 cuando el ayuntamiento se interesó por ese suelo para construir un anfiteatro y para cuya puesta en marcha llegó a un acuerdo con los propietarios para que su compra se realizase a través de una futura permuta urbana que nunca se materializó. La familia nunca llegó a recibir ni los terrenos permutados ni dinero como compensación.

Otra indemnización de 2’2 millones de euros a raíz de la falta de ejecución de un programa de actuación integrada (PAI) es la causa de un nuevo problema judicial con una conocida empresa inmobiliaria valenciana por el posible daño y perjuicios causados en el transcurso del proceso administrativo. Una nueva mercantil se añade a la lista con otros 506.000 euros al considerar “contrario a ley la decisión de ayuntamiento de rescindir un contrato por prestación de un servicio municipal”.

El PSPV de Riba-roja ha lamentado “la herencia que recibimos en 2015 cuando accedimos al gobierno y que ha lastrado la gestión de esta legislatura aunque a pesar de todo hemos impulsado una ciudad moderna, sostenible con el medio ambiente y con una gran capacidad para llevar a cabo proyectos importantes en infraestructuras educativas, comunicaciones, sanitarias y prestaciones sociales”.