Los socialistas defienden que la adjudicación se hizo “de acuerdo a la legalidad”
El PP de Riba-roja ha hecho pública hoy en plena campaña electoral de las municipales del 26-M una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde y candidato del PSPV a la reelección, Robert Raga, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas y malversación de fondos públicos.
Los socialistas afirman que la denuncia tiene “un claro tinte electoral” dada a conocer ahora “con el ánimo de obtener unos votos y un rédito después de pasar toda la legislatura sin aportar propuestas ni proyectos para el bienestar de todos los ciudadanos, además de hacer la pinza junto a Riba-roja Puede para desgastar al gobierno”.
Los populares acusan en concreto al alcalde socialista de adjudicar un contrato para la creación de un web municipal de deportes que, según los denunciantes, “ha podido beneficiar a un amigo íntimo suyo” y por la que pagó 10.895 euros a la empresa ‘Quois Developement S.L’, “cuyo administrador único era hasta 30 de abril de 2018 Luis Miguel Navarro, miembro de la ejecutiva del PSOE y candidato en las elecciones del 2011 en la lista socialista ” .
El PSOE de Riba-roja de Túria ha desmentido, a través de un comunicado, las acusaciones sobre posible malversación y asegura que el PP confunde el nombre de la empresa a la que se le adjudicó el contrato y que “en modo alguno es un miembro de la ejecutiva socialista de Riba-roja, ni tiene ningún tipo de relación con este partido”. Además, defiende que el proceso administrativo para su adjudicación “se realizó de acuerdo a la legalidad vigente en todo momento”.
Por el contrario el PP apunta que en dicho procedimiento existieron “multitud de irregularidades” y en las pruebas aportadas, “además de apreciar connivencia entre dos empresas, queda demostrada, una clara intencionalidad de favorecer a una de las empresas”. “Además de la posible ilegalidad por beneficiar a su amigo, incurrió en otra presumible ilegalidad al pagar 1 año y 11 meses antes de la realización del trabajo”, ha asegurado la candidata del PP a la alcaldía de Riba-roja, María José Ruiz. Según el relato de los populares, el primer edil “convenció a dos empresas amigas para que presentasen su propuesta económica superior a la que resultara beneficiada, para cumplir con la formalidad y pasar los filtros de la auditoría del ayuntamiento”.
Sin embargo, los socialistas explican que se trata de un contrato menor en el que solo se exige la aprobación del gasto y la incorporación de la factura, ni se exige tres presupuestos ni que se compruebe los requisitos de capacidad y solvencia de la empresa. Sin embargo, el expediente de contratación incorpora tres presupuestos, memorias de actuaciones en las que se describe las tareas a realizar y una propuesta del área en la que se propone la empresa más barata. “Sendos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención constatan el cumplimiento estricto de la legalidad vigente y, además, cada factura emitida al respecto lleva la rúbrica del técnico del área en la que avala el servicio prestado”.
En este sentido, los populares relatan que el Ayuntamiento solicitó oferta a tres empresas; la mercantil ‘Hostelería el Mercat MAD 21, SL’, cuyo objeto social no se corresponde con el objeto de contrato, ‘Quois Developement S.L’, cuyo administrador único era Luis Miguel Navarro e ‘Imagination y Mas Worldwide Blue S.L’, que se encontraba en concurso de acreedores.
Las ofertas presentadas por las dos primeras según los denunciantes, “presentan el mismo formato, de manera que parece que hayan utilizado un mismo documento base, sobre el que han cambiado simplemente el logotipo y nombre de la empresa. Además, ambas ofertas comparten el mismo teléfono”.
El principal grupo de la oposición hace extensiva la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas y malversación de fondos públicos al resto de miembros del gobierno municipal de EU y Compromís, por lo que subrayan los populares “tres de las candidaturas que concurren a las elecciones tienen a sus cabeza de lista investigados por la justicia”.