El Ayuntamiento elaborará un listado de los inmuebles
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria incrementará la presencia de agentes de la Policía Local en zonas que puedan ser ocupadas de forma ilegal y por la fuerza y pondrá en marcha convenios para el asesoramiento a los vecinos que sean objeto de estas actuaciones ilegales, así como cursos de formación a los efectivos policiales.
Estas medidas están contenidas en la moción del PSPV que el pleno de Riba-roja de Túria ha aprobado con los votos a favor del grupo del PSPV, Ciudadanos, Compromís, L’Esquerra, PP y Vox y en contra de Podemos.
La moción busca “requerir al poder legislativo y judicial para que proponga reformas destinadas a la protección, rápida y eficaz, de los ciudadanos afectados por la ocupación de viviendas y la toma de medidas accesorias o cautelares en los procedimientos que se sustancien al efecto”. Además, se pretende un refuerzo de la protección a los propietarios y residentes en ocupaciones ilegales, y un servicio de orientación para la protección de personas en situación potencial de exclusión social en materia de mediación hipotecaria.
El texto inicial se ha completa con sendas enmiendas del PP que insta al parlamento valenciano a modificar la ley para reducir los plazos en la expulsión de los ocupantes y otra de Ciudadanos en la que confiere poder a las comunidades de propietarios de los edificios para poder presentarse como parte interesada en los procesos de ejecución.
El consistorio promoverá información a la población sobre los procedimientos en casos de ocupación forzosa, como la vía penal iniciada con denuncia en el juzgado de guardia, además de tres procesos civiles consistentes en el desahucio por precario, acciones cautelares relativas a la acción de protección de los derechos reales e interdictos de recobrar la posesión.
El tercer bloque de las medidas que se tomarán desde el Ayuntamiento consistirá en las acciones que llevará a cabo la Policía Local, como el refuerzo del control policial en zonas de viviendas o fincas susceptibles de ocupación ilegal –según criterios objetivos-, el suministro de información a propietarios sobre posibles acciones y procedimientos en casos de ocupación ilegal de vivienda y fijación de objetivos para realizar rápidas actuaciones en casos de ocupaciones ilegales.
El Ayuntamiento suscribirá un convenio de colaboración con el colegio de abogados de Valencia, con el servicio de orientación jurídica para el suministro de información en materia de acciones civiles y penales sobre las ocupaciones ilegales y la adhesión al convenio de mediación suscrito entre la Diputación de Valencia y el ICAV para la orientación jurídica en casos de mediación hipotecaria.
El refuerzo de la acción policial irá acompañado de cursos a los efectivos integrantes de las patrullas sobre ocupación ilegal y de un documento sobre viviendas ocupadas ilegalmente y un listado sobre las potencialmente susceptibles de ocupación.
El alcalde Robert Raga ha asegurado que “vamos a destinar todos los recursos a nuestra disposición para para proteger la propiedad privada, con un esfuerzo notable de la policía local y del resto de departamento involucrados en esta acción conjunta”.