No recibió permuta ni indemnización desde 2004
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado el pago de 430.660 euros a una vecina a la que en el año 2004 se le ocupó una parcela de 3.628 metros cuadrados para encauzar el Barranc de les Monges a cambio de una reparcelación en la zona del Calvari o en la denominada área de Pacadar.
Sin embargo, ni recibió las permutas de terrenos porque en la zona del Calvari no existe suelo disponible ni en el Pacadar, ya que no se ha llegado a desarrollar el plan urbanístico previsto. Además, a pesar del paso de los años tampoco se les indemnizó con cantidad económica alguna a pesar de la ocupación de sus terrenos.
Los hechos que originaron la indemnización final aprobada se remontan al año 2004 cuando el entonces equipo de gobierno, encabezado por el ex alcalde, Francisco Tarazona, del PP, ocupó una parcela de 3.628 metros cuadrados con el consentimiento de la propietaria para encauzar el barranc de les Monges a cambio de otros terrenos en el Calvari o en el área del Pacadar.
No obstante, la propietaria se vio obligada a reclamar el cumplimiento del acuerdo en 2014 cuando exigió la escritura de la permuta o el inicio de la vía judicial. En el 2016 solicitó la expropiación forzosa de los terrenos o bien una indemnización por el valor de los terrenos ocupados o por el valor de los mismos 3.628 metros cuadrados en la zona del Calvari.
En el año 2018, la propietaria solicitó la propuesta de expropiación, tras el archivo del recurso contencioso-administrativo del año anterior, con un justiprecio fijado en un total de 430.660 euros en total. El pasado 2 de marzo, el pleno de Riba-roja desestimó llevar adelante la permuta de los terrenos en la zona del Calvari ya que en la misma no existe ningún tipo de terreno público. Sin embargo, el pleno aprobó llevar adelante el proceso de expropiación rogada con el justiprecio fijado previamente.
Estos 430.660 euros se unen a otro pago ordenado y hecho efectivo a finales de junio por un valor de 1,3 millones de euros a varios propietarios de una misma familia por otros terrenos privados y a los que, tampoco, se había abonado con una permuta ni se había hecho efectiva una indemnización económica al respecto.
El alcalde Robert Raga ha afirmado que el pago de estas cantidades económicas “son un lastre enorme para la salud financiera del ayuntamiento en un momento en el que se podía destinar ese dinero a ayudar a las familias y a las pequeñas y medianas empresas que lo están pasando mal por la crisis sanitaria por culpa del PP que en su momento no realizó una correcta actuación”.