El pleno aprueba una suspensión de nuevas licencias en el casco urbano
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja ha aprobado una propuesta del equipo de gobierno en el que se suspende el otorgamiento de nuevas licencias urbanísticas para la instalación de actividades como gasolineras, funerarias, centros de juego, tiendas eróticas o discotecas en el casco urbano para evitar posibles conflictos vecinales.
La propuesta del gobierno del PSPV ha contado con el respaldo de los partidos de la oposición de Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida y Podemos Riba-roja Puede, el voto contrario del PP y la abstención de Vox.
La suspensión tendrá una vigencia máxima de dos años, cuyo plazo se interrumpirá, con el levantamiento de la suspensión si, transcurrido un año, el plan no se somete a exposición pública.
La modificación puntual número 18 del actual plan general de ordenación urbana (PGOU), aprobado en el año 1996, se realiza por la falta de concreción y por la aparición de los nuevos usos y de mayor sensibilidad de los residentes respecto de las potenciales afecciones de determinadas instalaciones o de actividades que han desencadenado conflictos por las mismas.
La entrada en vigor de la nueva normativa urbanística de Riba-roja de Turia afectará al núcleo urbano y a las áreas residenciales al quedar definidas ya en el actual planeamiento local urbanístico. De esta forma, la instalación de las referidas actividades no se podrá llevar a cabo en el casco antiguo, en el interior, en el ensanche, en la Colonia Diamante, en las viviendas unifamiliares aisladas, en las áreas residenciales extensivas de segunda residencia ni tampoco en las zonas de tolerancia industrial. No afectará a las actividades que ya están funcionando en la actualidad.
La normativa aprobada recuerda que con su entrada en vigor “aumentará la seguridad jurídica y dirigirá el emplazamiento de aquellas actividades o instalaciones susceptibles de generar conflictos hacia aquellas zonas de ordenación que tengan mayor capacidad de acogerlas”. La propuesta refrendada aborda con mayor detalle la regulación de los usos urbanísticos compatibles entre las actividades económicas y las áreas residenciales.
La puesta en marcha de esta normativa pretende evitar los conflictos y las molestias que este tipo de actividades o establecimientos hayan podido provocar en el pasado con los vecinos y reducir al mínimo cualquier posible conflicto que pueda surgir en el futuro entre ambas partes.
El alcalde Robert Raga ha defendido la necesidad de poner en marcha esta modificación urbanística “por cuanto servirá para compatibilizar la libertad económica sobre apertura de nuevas actividades con los vecinos que habitan en sus proximidades, y por eso se debe delimitar con detalles aquellas áreas del término municipal donde se pueden instalar sin provocar conflictos”.