El PSPV de Riba-roja de Túria ha denunciado que la Delegación del Gobierno ha impugnado los presupuestos de 2014 aprobados por el consistorio que preside el popular, Francisco Tarazona, por la creación de una plaza de viceinterventora y el abono de la paga extra a los funcionarios correspondientes a diciembre de 2012 que el Gobierno de Rajoy eliminó.
P.G.
La Delegación del Gobierno ha remitido una carta al Ayuntamiento de Riba-roja del Túria, firmada por la secretaria general, Isabel Villalonga, en la que comunica la impugnación de los presupuestos municipales al alcalde del PP, Francisco Tarazona.
Al mismo tiempo que le insta a elaborar un “informe de legalidad” sobre la reciente creación de la plaza de viceinterventora del consistorio y el abono a los funcionarios públicos municipales de la paga extra correspondiente a diciembre de 2012 que el gobierno central eliminó por orden de Rajoy.
La delegación exhorta al alcalde del PP a entregar “en el plazo máximo de 20 días” una certificación del interventor del ayuntamiento en la que se especifique si con la aprobación de ambos acuerdos “las retribuciones de cada uno de los puestos de trabajo han experimentado o no un incremento respecto a las anteriores a la aprobación del acuerdo”.
El consistorio de Riba-roja ha abonado a los funcionarios, en junio pasado, las pagas suprimidas por el gobierno en diciembre de 2012.
El portavoz municipal del PSPV, Robert Raga, ha señalado que la impugnación de ambos acuerdos responde “a las luchas internas que se libran desde hace años entre las diferentes familias del PP”, en este caso entre la delegación del Gobierno que encabeza Serafín Castellano y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, “cuyo apoyo más importante en esta comarca representa el alcalde de Riba-roja Francisco Tarazona”.
Raga ha lamentado que los trabajadores “tengan que pagar las consecuencias de las luchas entre Rus y Castellano” y ha aludido al acuerdo firmado en su momento entre el Ayuntamiento y los sindicatos para que la paga extra suprimida se pagara. “Los acuerdos públicos se firman para cumplirlos por cuestiones legales y éticas, no hay que olvidar que los cuatro altos cargos del consistorio con rango de habilitados nacionales han impugnado las cuentas de 2014 por otro incumplimiento del alcalde”.
El PSPV ha censurado la “política de personal” llevada a cabo por el alcalde, Francisco Tarazona, y la edil de personal, Cristina Vázquez, ya que en los últimos tiempos “ha supuesto miles de euros de pérdidas para el ayuntamiento tras perder varios litigios -el último de ellos de 30.000 euros- por la vulneración de los derechos de los trabajadores, además de que el capítulo de personal se sitúa ya en 12 millones de euros anuales, el más alto de la comarca, el doble que en la Pobla de Vallbona y superior a la capital comarcal, Llíria”.
Raga ha desvelado una “doble vara de medir” empleada por el alcalde a la hora de gestionar la política de personal entre los trabajadores del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria “en función de la afiliación personal y política a raíz de la batalla que hace meses se libró entre el alcalde y el ex concejal Albiach para presidir el PP local en lugar de tener en cuenta la capacidad de trabajo y las cualidades de cada uno de los empleados”.