El Catastro reclama 60 euros a 1.700 vecinos de las urbanizaciones para regularizar sus chalés

El PSPV de Riba-roja de Túria denuncia una “campaña recaudatoria” del Ministerio de Hacienda en las urbanizaciones

El PSPV de Riba-roja de Túria ha denunciado hoy una “campaña recaudatoria” del Ministerio de Hacienda, a través del Catastro de Valencia, que reclama el pago de 60 euros a 1.700 propietarios las urbanizaciones en concepto de regularización de sus viviendas. Los socialistas advierten que este es el paso previo a una segunda fase en la que el objetivo es buscar posibles obras o remodelaciones sin la preceptiva licencia municipal.  

El grupo socialista ha denunciado que la Delegación del Catastro ha realizado un vuelo fotográfico de todas las urbanizaciones radicadas en el término municipal de Riba-roja “de forma indiscriminada” y “sin ningún tipo de criterio” para averiguar si en las viviendas se han producido incrementos de valor patrimonial en el interior de las mismas sin que se haya comunicado, preceptivamente, al Ministerio de Hacienda.

El Castrato asegura en la carta remitida a los más de 1.700 propietarios de las urbanizaciones que “una vez realizadas las comprobaciones oportunas, estima que procede regularizar la descripción catastral de los inmuebles que se relacionan por haberse producido circunstancias determinantes de alta o modificación no declaradas de forma completa y correcta en el plazo establecido”.

En la misiva, el organismo público reclama el pago los 60 euros y advierte que en caso de vencimiento del plazo de ingreso voluntario “sin haber sido satisfecha la deuda” determinará el inicio del procedimiento de apremio y la exigencia de los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo, según el artículo 161 de la ley 58/2003 de la Agencia General Tributaria.    

El portavoz del PSPV de Riba-roja, Robert Raga, ha denunciado “una caza de brujas” por parte del Ministerio de Hacienda “con la complicidad del ayuntamiento, del alcalde, Francisco Tarazona, y de la concejala de urbanizaciones, María José Ruiz, con el objetivo de recaudar dinero para compensar los recortes impulsados por las administraciones que supondrán más de 102.000 euros a razón de 60 euros a los más de 1.700 chalés afectados por la medida”.

Raga añade que el vuelo fotográfico del Catastro “se realiza sobre todas las viviendas sin ninguna diferencia y les obliga a pagar un canon de 60 euros sin motivo alguno por los gastos que ha supuesto este estudio al margen de que en cada chalé se hayan acometido obras, modificaciones en su estructura o que sus propietarios hayan solicitado la pertinente licencia municipal o no, ya que su único objetivo es obtener nuevas fuentes de financiación fácilmente”.

El PSPV alerta de que la intención del Catastro es rastrear cualquier tipo de modificación en las viviendas durante los últimos 20 años y cobrar con carácter retroactivo de los últimos cuatro ejercicios económicos para, a continuación, cobrar el incremento catastral con los pertinentes intereses ya que el Ayuntamiento de Riba-roja no ha comunicado estas variaciones en el Ministerio de Hacienda.

Raga solicitará “explicaciones” del alcalde y de la concejala de urbanizaciones sobre la actuación del Catastro y les exigirá que paralicen la revisión catastral “en una época en la que las economías familiares no pasan por tiempos boyantes y más después de que el Ayuntamiento de Riba-roja haya aumentado en más de un 40% el IBI, las tasas municipales y el resto de impuestos”.