El PSPV denuncia que el PP se ha negado a apoyar su moción para reclamar 30 millones de euros a la Conselleria de Medio Ambiente
El PSPV de Riba-roja de Túria ha denunciado que el PP se ha negado en el pleno municipal del pasado miércoles a llevar a la Fiscalía de Medio Ambiente las posibles responsabilidades penales por parte de las administraciones públicas derivadas del vertido ilegal de más de 400.000 toneladas en el vertedero de Basseta Blanca, entre 1993 y 1996.
El grupo socialista ha censurado la actitud mantenida en la sesión plenaria por parte del equipo de gobierno encabezado por el alcalde, Francisco Tarazona, y la concejala y candidata del PP a la alcaldía, María José Ruiz, al demostrar “una arrogancia y un desprecio absoluto a una de las cuestiones pendientes desde su entrada en el gobierno en el año 1995 ya que ni han obligado a la conselleria a restaurar el vertedero de Basseta Blanca ni han asumido ningún tipo de responsabilidad”.
El PP rechazó la moción presentada por el grupo socialista en la que se exigía compensaciones económicas a la Conselleria de Medio Ambiente por valor de 30 millones de euros por el vertido ilegal de más de 400.000 toneladas de basuras por parte de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) entre 1993 y 1996 “cuyas consecuencias a día de hoy son la fuga de lixiviados y su posterior impacto en los acuíferos”.
El grupo popular presentó una moción alternativa a la del PSPV en la que, según los socialistas, “ni se responsabilizaba del vertido ilegal de las basuras ni se comprometía a trasladar toda la documentación existente a la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJ para que dirimiera las posibles consecuencias jurídicas sobre los mismos”.
El portavoz municipal del PSPV, Robert Raga, ha lamentado que el equipo de gobierno del PP “ha perdido una gran ocasión para demostrar que antepone el interés general sobre el beneficio partidista y el rédito electoral ya que no han querido molestar a los responsables de la Generalitat que en su momento con su silencio y beneplácito fueron cómplices del mayor atropello ambiental que hemos sufrido en Riba-roja con un vertedero que ha tenido consecuencias catastróficas para nuestro bienestar”.
El grupo socialista recuerda que un decreto de alcaldía del PSPV dictado en 1993 clausuraba este vertedero al considerar que su capacidad estaba colmatada y la licencia de actividad había caducado. Sin embargo, una sentencia de 1994 del TSJ suspendía la ejecución del cierre a la espera de más informes sobre los perjuicios ambientales. Una nueva sentencia de 1996 revocaba el fallo y ratificaba el cierre inicial contenido en el decreto de alcaldía.
El recurso interpuesto por el EMTRE en casación ante el Tribunal Supremo suponía un nuevo varapalo jurídico para esta entidad en el año 2002 ya que la sentencia establecía la legalidad del decreto del entonces alcalde socialista y ratificaba el cierre de la planta. Un informe municipal fijaba en 130.536 las toneladas de capacidad máxima del vertedero mientras que el ritmo de vertidos anual era de 92.753 toneladas.
El PSPV concluye que desde 2002, fecha en la que el Supremo falla a favor del decreto de clausura municipal del año 1993, hasta hoy “ni se han retirado los residuos sólidos ni se ha restaurado la zona y, por tanto, continúa el impacto de lixiviados, especialmente visible por la carretera de acceso al mismo al forma una pequeña escorrentía y su posible llegada a algunos acuíferos de la zona”.