El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria denuncia al EMTRE y a la Generalitat para que actúen en el vertedero
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha decidido llevar a los tribunales al EMTRE y a la Generalitat Valenciana para que retiren las más de 800.000 toneladas de basuras ilegales que se acumulan en el vertedero de Basseta Blanca. El consistorio solicitará, además, una auditoría ambiental para comprobar la situación del entorno natural y la comprobación del estado de los acuíferos subterráneos.
La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) y, subsidiariamente, contra la Generalitat a raíz del escrito que este organismo público remitió a principios de junio en el que se negaba a limpiar y restaurar las 800.000 toneladas de residuos sólidos acumulados en el vertedero de Basseta Blanca.
La respuesta del EMTRE del pasado 2 de junio se producía como consecuencia de la moción que el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria aprobaba a instancias del PSPV en la que se denunciaba el estado de “abandono” y el peligro de contaminación de acuíferos que la presencia de las de 800.000 toneladas de residuos urbanos se concentran en este vertedero cuyo funcionamiento se prolongó entre los años 1983 y 1996, si bien los tres últimos años se realizaron de forma ilegal en contra de sentencias judiciales.
La petición aprobada ahora por el Gobierno municipal -formado por PSPV, EU y Compromís- se centra en exigir las responsabilidades al EMTRE y a la Generalitat, como responsable civil subsidiaria, para terminar con un foco de contaminación ambiental en los 125.000 metros cuadrados del enclave “hasta el punto que las escorrentías que se generan por la presencia los residuos desciende en forma de lixiviados hasta la zona de la Canyà de la Senyoreta”, un área donde existen acuíferos “muy importantes”.
El alcalde socialista de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que la restauración de Basseta Blanca “es una asignatura pendiente que en materia de protección ambiental padecemos desde que en 1993 un decreto del entonces alcalde socialista ordenó el cierre al llegar al máximo de su capacidad de almacenamiento que, posteriormente, una sentencia del Tribunal Supremo ratificaba su cierre definitivo; sin embargo, desde entonces el PP no ha movido un dedo para regenerar el emplazamiento”.
El gobierno de Riba-roja considera que entre los años 1993 -fecha de la firma del decreto del alcalde- y 1996 -con la sentencia del Supremo- se vertieron miles de toneladas de residuos orgánicos por parte de los municipios del área metropolitana de Valencia “de forma ilegal” que provocaron el deterioro ambiental de esta zona al que siguió un periodo de 20 años en los que el PP “hizo dejación de funciones en su deber y lucha por exigir las pertinentes acciones para limpiar y regenerar la zona”.
En este sentido, Raga ha recordado que durante años el PP rechazó numerosas mociones de los socialistas y de Esquerra Unida en las que “reclamábamos responsabilidades por Basseta Blanca al margen de restaurarlo y sellarlo”.
La resolución del gobierno de Riba-roja solicita, además, una valoración económica sobre los efectos que la acumulación de residuos sólidos en Basseta Blanca ha provocado sobre la sociedad local a lo largo de los más de 30 años que ha estado en funcionamiento “para dar servicio a los municipios del área metropolitana de Valencia sin que hasta el momento se haya recibido una contraprestación, por ello es necesario evaluar correctamente ese impacto”.
La coalición PSPV, EU y Compromís recuerda que un informe municipal fijaba en 130.536 toneladas la capacidad máxima que Basseta Blanca podría albergar a lo largo de sus años de existencia, a un ritmo de cerca de 92.753 toneladas anuales, si bien estas cifras han quedado ampliamente rebasadas al contabilizarse 800.000 toneladas.
