El nuevo equipo de gobierno de Riba-roja de Túria recuerda que el plan urbanístico de 500.000 metros cuadrados supuso plusvalías de 12 millones de euros
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la incautación de 1,9 millones de euros del aval correspondiente al PAI Mas de Baló que en el 2002 promovió la familia del ex presidente del Valencia CF, Juan Soler, para construir un polígono industrial. El consistorio alega que el proyecto se encuentra paralizado por parte del agente urbanizador desde hace más de un lustro por la crisis económica y urbanística.
El acuerdo plenario advierte en su resolución, a partir de los informes técnicos municipales, de los “reiterados incumplimientos del agente urbanizador” en un plan dotado de 500.000 de metros cuadrados de los que la familia del ex presidente del Valencia CF, Juan Soler, compró al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria los 50.000 metros cuadrados correspondientes al 10% del excedente de aprovechamiento.
La venta de los excedentes “sin subasta ni concurso público”, según el actual gobierno municipal, se cerró por un valor de 116 euros el metro cuadrado -5,8 millones de euros en total- pagados por su carácter de suelo agrícola protegido.
Sin embargo, desde la nueva corporación subrayan que en menos de un año, “los terrenos multiplicaron su valor económico en más de un 300% al pasar de los 116 euros el metro iniciales a los 350 euros, lo que supuso plusvalías de hasta 12 millones”, ya que “los 5,8 millones del valor total del suelo del principio pasaron hasta los 17,5 millones de euros al final tras el proceso de recalificación de los mismos, de suelo agrícola protegido a terreno industrial”.
A lo largo de este periodo de tiempo, la familia de Juan Soler, “no ha llevado a cabo las obligaciones que debía cumplir” como agente urbanizador como la finalización de las obras de construcción de una depuradora de aguas y su puesta en marcha para dar servicio al polígono, una carretera de acceso desde esta zona a la Nacional III y el soterramiento de la línea de media tensión que cruza los terrenos de los que está compuesto este plan urbanístico.
La resolución aprobada por el pleno de Riba-roja de Túria supone el rechazo a una retasación de las cargas y propone la liquidación de cada uno de los tres programas urbanísticos de los que consta el polígono.
Entre ellas cabe destacar los daños y perjuicios ocasionados al consistorio, fijados 1.275.482 euros entre las tres unidades de ejecución previstas. Para ello, se incautan los 1,9 millones de euros del aval bancario que “permitirá cumplir todas las actuaciones pendientes y resarcir el daño provocado”.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -PSPV, Compromís y EU- considera que la incautación del aval bancario “es la consecuencia de la nefasta política urbanística que promovió el PP y que ahora nos vemos obligados a solventar para proteger los intereses de nuestros ciudadanos”.
El objetivo de la operación acordada por el pleno es terminar el polígono “para que en el menor tiempo posible se pueda ofertar suelo para la instalación de nuevas empresas e industrias que permitan la creación de empleo y puestos de trabajo”.
