El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria exige depurar posibles responsabilidades jurídicas
Todos los partidos políticos -PSPV, Compromís, EU, PP, Podemos y C’s- en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha acordado remitir a la Fiscalía toda la documentación que obra en poder del consistorio sobre la construcción de las dos pistas de pádel, la compra de bombillas leds y la instalación de césped artificial en los campos de la Reva y del estadio municipal Roberto Gil incluidas en el programa de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Valencia durante la etapa de Rus.
La decisión fue adoptada por unanimidad de todos los grupos políticos, incluído el PP que fue el que presentó con carácter de urgencia la propuesta al pleno, con el objetivo de poner en disposición del Ministerio Público toda la documentación a la vista de los “posibles sobrecostes” que en algunos de estos proyectos se hayan podido producir entre los años 2010 y 2012 cuando se llevaron a cabo los citados trabajos.
Los populares argumentaron la propuesta desde la “presunción de inocencia” con el objetivo de que “sea la justicia la que actúe y trabaje honestamente”.
La propuesta del pleno se completará con la elaboración por parte de los técnicos municipales de informes técnicos, económicos y jurídicos sobre todo el proceso administrativo que se llevó a cabo en la construcción de las pistas de pádel, la instalación de bombillas y la colocación de césped artificial en los dos campos de fútbol, ubicados en el casco urbano y en la urbanización la Reva.
Los “posibles sobrecostes” y “presuntas irregularidades” sobre estos proyectos de la etapa del PP fueron denunciados por el actual equipo de Gobierno -PSPV, EU y Compromís- tras la Operación Taula.
La investigación sobre presuntos cobros de comisiones y “mordidas” por parte de los responsables políticos del PP al frente de la Diputación de Valencia acabó con el ex presidente de la corporación, Alfonso Rus, detenido y puesto en libertad bajo fianza.
El equipo de Gobierno que dirige el socialista Robert Raga comunicó que se han detectado “posibles sobrecostes económicos” en la construcción de las dos pistas de pádel que costaron 62.546 euros a pesar de que el precio de mercado es de la mitad, “de forma que se habrían pagado 30.000 euros de más”.
La firma constructora de las instalaciones municipales Clásica Urbana S.L. figura como una de las empresas investigadas en el marco de la operación Taula y recibió los 62.546 euros a través de tres certificaciones de 36.341 euros, 25.017 euros y, por último, 1.187 en total, respectivamente.
