El consistorio de Riba-roja de Túria ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilgal la subida de sueldos aprobada por el PP en 2010
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aplicado desde este mes de enero un descuento de hasta 400 euros al mes a los 200 trabajadores municipales -sobre un total de 370- afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que anula el incremento salarial que el anterior gobierno encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, aprobó en junio de 2010 por encima del límite del Ministerio de Hacienda.
La aplicación de la sentencia supondrá reducciones en las nóminas de los trabajadores municipales para devolver el dinero que han cobrado de más a lo largo de este tiempo con unas cantidades que oscilan entre los 50 y los 400 euros, en función de la categoría laboral de cada uno, a razón de 20.000 euros mensuales -240.000 euros al año- durante los próximos ejercicios en aplicación del fallo judicial del Supremo.
El equipo de gobierno convocó una asamblea informativa para explicar a los empleados afectados las causas de la reducción de sus nóminas, la duración y las medidas que adoptará en las próximas semanas para evitar que el poder adquisitivo de los empleados públicos se vea afectado por la citada sentencia.
En ese sentido, los nuevos responsables municipales avanzaron que próximamente se reunirá con la Delegación del Gobierno para consensuar medidas que permitan restituir el poder adquisitivo perdido por la aplicación de la sentencia judicial..
El fallo del Supremo ratificaba la que previamente emitió el Tribunal Superior de Justicia valenciano que admitía el recurso del Abogado del Estado, a instancias de la Delegación del Gobierno, al considerar que el aumento del 3’2% auspiciado por el anterior gobierno del PP rebasaba ampliamente el límite del 0’3% fijado por el Ministerio de Hacienda, es decir, el consistorio aumentó el poder adquisitivo en hasta un 2’9% en total.
Entre las medidas que ha adoptado el equipo de gobierno – PSPV, Compromís y EU- destaca la supresión de algunas plazas que “el anterior ejecutivo local convocó de manera ilegal”, entre las que destaca la eliminación del puesto de intendente principal de la policía local y que se hará efectivo en el presupuesto económico de este año 2016.
Los hechos que motivaron la sentencia del Supremo arrancan en junio de 2010 cuando el ex alcalde aprobó una subida salarial del 3,2% para el personal funcionario y laboral que entraba en vigor a partir del 2011, a las puertas de las elecciones municipales.
Sin embargo, el TSJ y el Tribunal Supremo, en última instancia, ratificaron la ilegalidad que la medida del gobierno popular aplicó a cerca de 200 de los 400 trabajadores que forman parte del ayuntamiento.
El fallo del Supremo está fechado el 23 de octubre y la notificación se realizó el 20 de noviembre de ese mismo año, pero la sentencia no se comunicó al pleno municipal en los meses posteriores y no fue hasta después de las elecciones de 2015 cuando el nuevo gobierno se encontró con la decisión judicial.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que la aplicación de la sentencia “es un decisión que toma el actual gobierno ante la dejadez y las malas artes del PP que prefirió saltarse a la torera una directriz del Ministerio con el único objetivo de sacar un rédito electoral ante la cita en las urnas que pocos meses después se produciría, sin olvidar que por sólo 35 votos el PP conservó el poder; sin embargo, la compra de votos fue descarada y sin ningún tipo de rubor”.
