Ordenan el cierre de dos canteras por motivos ambientales y molestias a los vecinos

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria deniega la prórroga de la licencia de actividad después de 25 años en los que se han extraído 83 millones de toneladas de tierra

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha ordenado el cierre inmediato de dos de las tres canteras que operan actualmente en la localidad tras expirar la licencia de actividad. La decisión del nuevo equipo de Gobierno está avalada por los informes municipales que desaconsejan la aprobación de la prórroga por cuestiones ambientales y múltiples molestias a los vecinos.  

Las empresas Cemex y Corporación Túria Cementval que explotan ambas canteras desde hace casi 25 años habían pedido al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria prolongar su actividad de extracción de tierra y áridos hasta el año 2024 o hasta el agotamiento del material.

Las mercantiles, según fuentes municipales, han extraído en este cuarto de siglo cerca de 83 millones de toneladas en un radio de actuación de dos kilómetros cuadrados.   

El convenio que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria suscribió en el año 2004 con Cemex y Corporación Túria Cementval para legalizar la actividad “que desarrollaban sin ningún tipo de documento que lo avalase”, según estas mismas fuentes, fijaba el cese de la extracción el 31 de diciembre de 2015 ya que el PP concedió en 2013 una prórroga de dos años pese al informe desfavorable de un informe de la Dirección General de evaluación Ambiental de la Generalitat.
 
A Corporación Túria se le obligaba a pagar al ayuntamiento 30.050 euros, la financiación del coste de asfaltado de la carretera de acceso a la cantera en un 65% y el 100% en el caso del camino de la finca “Pepín” y una contribución de 60.101 euros en la carretera a Loriguilla.

Esta empresa pretendía en el año 2009 una ampliación del perímetro de extracción al pasar de 454.955 metros cuadrados a 2,1 millones de metros, de forma que se desprotegía la zona calificada no urbanizable de protección ecológica a no urbanizable común de explotación minera.  

Por su parte, a Cemex le obligaba a abonar un canon anual de 6.010 euros, la entrega de otros 35.050 euros en concepto de contribución no impositiva así como financiar el asfaltado del camino del Seminar, además de la entrega de zahorra y la donación de otros 63.000 euros para las fiestas locales.

Sin embargo, sendos informes del técnico de Medio Ambiente y del secretario municipal desaconsejan una ampliación de la prórroga que concluyó en diciembre de 2015 por cuestiones ambientales y molestias a los vecinos.

Un informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental, dependiente de la Generalitat, alerta de que una ampliación del perímetro de actuación de las canteras repercutirá directamente sobre el entorno -“toda la vegetación existente en la zona desaparecerá”, asegura- y añade que los montes del entorno paisajístico se caracterizan por una presencia notable de vegetación arbustiva, una importante masa forestal y diversas especies autóctonas que podrían desaparecer si continúa la actividad extractora.

El concejal de Medio Ambiente, José Ángel Hernández, ha afirmado que la denegación de una prórroga “representa una reivindicación histórica de los vecinos de la zona afectada que durante años han soportado muchas molestias por el paso de camiones, la explosión de barrenos continuos en las canteras así como la generación de polvo en las viviendas”.

Hernández ha recordado que durante años “Riba-roja se ha convertido en el centro de producción del material destinado a construir las grandes infraestructuras valencianas como el Puerto de Valencia o el by-pass, al socaire del boom urbanístico que el PP auspició durante años” y ha defendido que a partir de ahora es necesario “la puesta en marcha de un plan de regeneración de la zona y apostar por un modelo sostenible ambientalmente por su cercanía al río Túria y a la línea defensiva de trincheras de la guerra civil el Puig-Carassols”.