El pleno de Riba-roja de Túria aprueba la moción de Compromís y EU con el voto en contra del PP
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una moción de EU y de Compromís en la que el consistorio se compromete a partir de ahora a valorar los criterios “sociales” y “sanitarios” a la hora de adjudicar contratos públicos. La moción contó con el respaldo del PSPV y de Riba-roja Pot, la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del Partido Popular.
La propuesta de dos de los socios del PSPV en el equipo de Gobierno pretende impulsar “este tipo de parámetros, adaptados a los nuevos tiempos y las necesidades incipientes, frente a los métodos tradicionales que tienen más en cuenta las cuestiones económicas”.
El texto aprobado recuerda que los objetivos de las administraciones deben dirigirse a “conseguir una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable” que tenga en cuenta “no sólo la calidad, la eficacia y la sostenibilidad medioambiental en la prestación de los servicios públicos y en las empresas públicas”, sino también “incidir sobre las condiciones sociales y laborales de los trabajadores pues la oferta económica más ventajosa no tiene que identificarse con la de precio más bajo”.
En los sectores que necesiten de un mayor apoyo por parte de la administración en su condición de prioritarios “como los sanitarios y sociales” se tendrá en cuenta “un tratamiento alejado del mercado” y se valorarán los criterios basados en la calidad “en lugar de sustentarse, principalmente, en la cantidad y en los parámetros numéricos”.
De esta forma, la “vertiente social” pasa a convertirse en uno de los criterios y “ejes esenciales” que desde ahora el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tendrá más en cuenta a la hora de adjudicar las nuevas contrataciones y servicios públicos municipales.
La moción incluye la solicitud de los informes jurídicos para que desde ahora los pliegos de contratación que lleva a cabo el consistorio y las empresas dependientes del mismo “incorporen cláusulas sociales y medioambientales” que se tendrán en cuenta sobre la puntuación total.
Así, “los criterios se basarán en la mejor relación calidad-precio, como es el caso de la calidad, la accesibilidad, las características sociales, medioambientales o innovadores y se vincularán al respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad”.
Los ponentes de la moción insisten en la erradicación del criterio de que el precio más bajo “sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando se utiliza más de un criterio de valoración”.
Por tanto, “se eliminará cualquier posibilidad que desde una administración pública se fomente de forma negativa en el ámbito laboral”. De hecho, la moción considera que actualmente “numerosas actuaciones acaban destruyendo empleo y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores”.
