El Ayuntamiento pagará 60.000 euros por la ocupación hace 20 años de unos terrenos en El Calvari

Entre los pequeños propietarios indemnizados figura la hija del ex alcalde del PP de Riba-roja de Túria

El Ayuntamiento de Riba-roja ha llegado a un acuerdo con los propietarios de unos terrenos en la zona de El Calvari que el consistorio ocupó hace casi 20 años para construir dos pozos de agua potable para abastecer a las cerca de 2.000 viviendas. En total, se abonarán 59.281 euros en indemnizaciones, que se repartirán entre los regantes, pequeños propietarios entre los que figura la hija del ex alcalde del PP, Francisco Tarazona, una empresa, y un vecino.  

El nuevo equipo de Gobierno de Riba-roja de Túria -PSPV, Compromís y EU – ha acordado el pago a los propietarios de los terrenos de 59.281 euros, que se divide entre los 27.337 euros que se abonarán a la Comunidad de Regantes Quint y Lorca, otros 15.068 euros a pequeños propietarios entre los que figura la hija del ex alcalde Francisco Tarazona, otros 15.701 euros a una empresa propietaria y, por último, un vecino que recibirá 1.175 euros por una pequeña parcela.

Los terrenos ocupados por el Ayuntamiento suman 1.997 metros cuadrados que albergan los dos pozos de agua con una capacidad de 3.000 metros cúbicos.  

Las obras para construir ambas infraestructuras se llevaron a cabo y se finalizaron sin ningún contratiempo aunque durante este periodo de tiempo no se abonó cantidad económica alguna, hasta ahora, a los dueños del suelo privado.

Los hechos ocurrieron en el año 1996 cuando el gobierno municipal encabezado por el ex alcalde del PP, Francisco Tarazona, ocupó los terrenos para llevar a cabo las obras de ambos pozos tras obtener la autorización de los propietarios del suelo ubicado en la conocida zona del Calvari.

Sin embargo, el consistorio no fijó ningún tipo de compensación económica para los dueños de los terrenos ni permuta de terrenos.

El Ayuntamiento de Riba-roja ha criticado que “la desidia y la inoperancia” del anterior gobierno para solucionar un problema “enquistado con el paso de los años” significó una sanción económica de 72 euros para la comunidad de regantes ya que como propietarios no comunicaron las modificaciones urbanísticas a la Agencia del Catastro ni al Ministerio de Hacienda.  

Los servicios técnicos municipales tasaron el valor económico de los terrenos en 72.000 euros como paso previo al acuerdo entre ambas partes.

El concejal de Hacienda y Patrimonio, José Ángel Hernández, ha subrayado “la predisposición de los regantes y del resto de los propietarios” y ha valorado que “hemos solucionado por fin de forma correcta una situación irregular heredada del anterior gobierno del PP para que no haya ningún perjudicado, ni los propietarios que cobran lo que es suyo ni el consistorio que paga su deuda y cumple con el ordenamiento jurídico vigente “.  

Hernández ha recordado los problemas jurídicos alrededor del PAI del Calvari ubicado en la zona sur junto al propio casco urbano ya que, pese a gestarse en 1997 debería estar en funcionamiento desde hace más de cinco años.

“Esta falta de desarrollo por la crisis urbanística y los incumplimientos del agente urbanizador ha supuesto millonarias demandas por parte de vecinos por los incumplimientos del ayuntamiento a la hora de permutar terrenos en este programa urbanístico inacabado”, ha concluido el cocejal.