El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria denunció un presunto delito contra el medio ambiente por la presencia de elementos contaminantes
La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias tras la denuncia que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha interpuesto por los vertidos “incontrolados” de basura en el vertedero clausurado de la Basseta Blanca para dilucidar posibles acciones penales y civiles por un presunto delito contra el medio ambiente.
La Fiscal jefa ha incoado diligencias de investigación penal y ha designado un fiscal instructor sobre el caso del vertedero de la Basseta Blanca que entre 1983 y 1993 estuvo en funcionamiento en Riba-roja de Túria y en cuyo interior se acumulan más de 800.000 toneladas de residuos sólidos procedentes de los municipios del cinturón metropolitano de Valencia, mediante la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria llevó hasta la Fiscalía el “abandono” y la “degradación” de esta zona ya que desde que se clausuró el vertedero, en 1993, hasta hoy no se ha presentado ningún plan de limpieza y regeneración de la partida.
Un informe técnico geológico y químico encargado por el equipo de gobierno de Riba-roja -PSPV, Compromís y EU- ha constatado la existencia de arsénico, cromo y níquel en niveles superiores a las referencias fijadas en el decreto 9/2005 tras el análisis de los lixiviados y sustancias que se han formado a partir de los restos orgánicos del vertedero.
Existe el “temor” de que los restos de los lixiviados puedan llegar a filtrarse en los pozos y acuíferos de agua mediante las escorrentías que se forman por las carreteras.
Las muestras obtenidas demuestran “un riesgo potencial” para los posibles usuarios por la presencia de estas sustancias peligrosas hasta el punto se recomienda un estudio hidrogeológico posterior para conocer el origen y las características “físico-químicas” de las aguas detectadas en los sondeos.
La Junta de Gobierno de Riba-roja, a la vista de los datos obtenidos por los estudios técnicos, acordó remitir la documentación al EMTRE para que procediese a la descontaminación del área afectada, así como una copia anexa a la Conselleria de Medio Ambiente para que obligase al ente a acometer este proyecto de rehabilitación o a asumirlo directamente la Generalitat como responsable civil subsidiario y la Confederación Hidrográfica del Xúquer.
El consistorio puso en conocimiento del Ministerio Fiscal el pasado mes de abril toda la documentación para la depuración de posibles responsabilidades penales o civiles cometidas en el transcurso del proceso de cierre de este vertedero que durante los años 80 y 90 recogió los residuos sólidos urbanos del área metropolitana.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha expresado “el respeto” por la decisión judicial tras la apertura de las diligencias de investigación penal “con un tema que tanto daño ambiental ha ocasionado en nuestro entorno natural por culpa de la dejadez e incapacidad de los gobiernos del PP en los 20 años al frente del ayuntamiento”.
Los actuales responsables municipales mantienen que entre 1993 cuando se firmó el decreto del entonces alcalde y 1996, fecha de la sentencia del Tribunal Supremo, se vertieron miles de toneladas de residuos orgánicos por parte de los municipios del área metropolitana de Valencia “de forma absolutamente ilegal y provocaron un perjuicio ecológico en este paraje que ahora estamos pagando con el deterioro de esta zona”.
