El tripartito de Riba-roja de Túria denuncia que los proyectos del centro de salud y el metro soterrado al centro del casco urbano no se han realizado
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha anunciado que no pagará los 25 millones de euros que exige el Valencia CF por la anulación del PAI de Porxinos decretada en sentencia por el Tribunal Supremo hace un año. El nuevo equipo de Gobierno alega que se ha cumplido “escrupulosamente” el convenio firmado en su día entre ambas partes en 2005 y se están ejecutando todos los acuerdos plenarios que se firmaron.
El nuevo gobierno local estima que los 25 millones que aportó Litoral del Este -empresa creada por el Valencia CF para llevar a cabo la operación- para aprobar el convenio “se aportaron voluntariamente por la empresa a su riesgo y ventura, se vinculan únicamente a la tramitación del PAI de Porxinos y se abonaron cuando se aprobó definitivamente por parte de la Generalitat”.
Además, en el convenio oficial rubricado, añaden, “no consta una cláusula que disponga el reintegro de las cantidades cobradas en caso de que los tribunales anulen el plan urbanístico”.
El tripartito de Riba-roja de Túria defiende que “deberá ser la justicia la que se pronuncie sobre la obligación o no del Ayuntamiento de devolver los 25 millones de euros aportados para llevar a cabo el PAI y que se debían destinar a actuaciones de interés público en el municipio”, pero en principio, insiste, “la intención inicial es la de no atender esta petición”.
Sin embargo, el actual gobierno tiene “serias dudas” sobre el destino de los 25 millones de euros que el Valencia CF aportó para obras y proyectos de utilidad pública ya que “ni se construyó un nuevo centro de salud ni se ha llevado soterrado el metro al centro del casco urbano”. Por ello insta al PP a “dar una respuesta convincente”, ya que “sólo se realizó la rehabilitación del molino junto al río Túria y la mejora de la piscina mientras las otras dos actuaciones no aparecen”.
El ejecutivo local de Riba-roja recuerda que el agente urbanizador “renunciaba a la indemnización por la anulación del PAI si se tramitaba un nuevo programa y por ello el criterio del ayuntamiento pasa por no atender la petición del Valencia CF de que el pleno municipal reconozca el derecho de resarcimiento de la empresa” y subsidiariamente solicita los referidos 25 millones de euros por responsabilidad contractual.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que estas peticiones “son la consecuencia de una operación en la que participaron un conseller como Blasco encarcelado por corrupción, un ex presidente del Valencia que reconoció que la operación fue un pelotazo que reportó 100 millones de euros de beneficio a costa de los vecinos de Riba-roja y el ex alcalde Francisco Tarazona y todos sus concejales que con sus votos autorizaron la operación que se ha convertido en un quebradero de cabeza”.
El pago de los 25 millones de euros sólo se efectuará si la justicia se pronuncia en esos términos previo dictamen del Consell Jurídic Consultiu, ya que el abono de esta cantidad supondría la quiebra técnica de un ayuntamiento “con una deuda a cero”.
En todo caso, el equipo de gobierno sostiene que si el Ayuntamiento debe pagar los 25 millones “los deberían aportar los concejales del PP que dieron la luz verde a este pelotazo a pesar de las advertencias de la oposición que solicitamos que el dinero entregado por la empresa no se gastase hasta que la justicia se pronunciara”.
