El pleno de Riba-roja de Túria aprueba la operación que obliga al futuro propietario a edificar en un plazo máximo de cuatro años
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la venta de una parcela municipal en el polígono del parque logístico por 3,3 millones de euros procedente del excedente de aprovechamiento urbanístico que en el 2006 generó la reparcelación de la zona. El pleno ha dado luz verde a la operación con los votos del equipo de gobierno -PSPV, Compromís y EU- y de Ciudadanos y la oposición de PP y Riba-roja Pot.
La parcela municipal de 26.239 metros cuadrados saldrá a subasta pública “al del mejor precio” tras el visto bueno del pleno cuya aprobación ha sido necesaria ya que supera los tres millones de euros y el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal que asciende a 23,5 millones.
El gobierno de Riba-roja ha introducido algunas cláusulas a los futuros compradores entre las que destaca la obligación de edificar la parcela en un plazo máximo de cuatro años, alrededor del 35% del total de la superficie. Si el comprador incumple esta cláusula, la parcela revertiría al ayuntamiento en los mismos términos económicos con los que se ha efectuado esta enajenación ahora.
En el texto del acuerdo se recalca que “mientras la parcela no se edifique, el Ayuntamiento de Riba-roja ostentará el derecho de tanteo y retracto sobre la misma por el mismo importe de la adjudicación; dicha obligación se entenderá complica cuando la parcela tenga construido un edificio con un mínimo de edificabilidad de 0,35 por metro cuadrado”.
El Ayuntamiento adquirió la parcela “como excedente de aprovechamiento que le corresponde como participación de la administración públicas en las plusvalías que se generan en las actuaciones urbanísticas” y el objetivo principal es el de proporcionar al consistorio “los correspondientes recursos económicos y el de regular el mercado del suelo mediante su venta que permitirá la implantación de nuevas empresas y la creación de puestos de trabajo”.
El concejal de polígonos industriales, José Ángel Hernández, ha afirmado que la operación urbanística “marca un punto de inflexión en la gestión del patrimonio municipal ya que una administración debe velar por que no se produzca la especulación que durante años ha tenido lugar en nuestro municipio y, por ello, debemos garantizar el máximo de transparencia y participación para salvaguardar los intereses generales de nuestros vecinos; la introducción de las cláusulas de adjudicación son una buena muestra de esta forma novedosa de gobernar”.
