El Ayuntamiento estudia pedir responsabilidades penales y civiles al Valencia CF por el caso Newcoval

La comisión de Porxinos apunta que los antiguos dirigentes del club pudieron actuar de “mala fe” con la negociación de una segunda ciudad deportiva en Nàquera

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria estudia pedir responsabilidades penales y civiles al Valencia CF por el caso Newcoval. El alcalde Robert Raga ha manifestado que “vamos a reclamar a quienes engañaron a nuestros vecinos porque de esta operación se desprende una actuación de deslealtad, ya que alguien en nombre del club negociaba otra ciudad deportiva mientras teníamos un convenio exclusivo con el Valencia”.

La operación de la sociedad Newcoval que “orquestó el que fuera presidente de Bankia, Rodrigo Rato, junto con el ex presidente del Valencia CF, Manuel Llorente, y el consejero de Economía, Máximo Buch”, ha centrado parte de la reunión de la comisión de Porxinos celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en la que han declarado la tesorera y el arquitecto municipal.

A la reunión han asistido el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, el concejal del PSOE, Rafa Gómez, y los portavoces de IU, Rafael Gómez Muñoz, Riba-roja Pot, Ruben Ferrer, María José Ruiz del Partido Popular, Rafa Folgado de Compromís y Maite Ruiz de Ciudadanos.

La decisión de crear una comisión de investigación se adoptó por unanimidad de todos los partidos políticos en el pleno del 22 de julio de 2015, con el objetivo de esclarecer presunta irregularidades y anomalías en el planteamiento del PAI de Porxinos tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que lo declaró nulo.

El presidente de la Comisión, Robert Raga, ha informado de los “entresijos de la operación Newcoval, que pretendía construir una ciudad deportiva en Nàquera, mientras ya existía un convenio con el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria”, así como la “cláusula de confidencialidad entre el Valencia y Newcoval”.

Raga ha manifestado que “vamos a reclamar a quienes engañaron a nuestros vecinos porque de esta operación se desprende una actuación de deslealtad, ya que alguien en nombre del club negociaba otra ciudad deportiva mientras teníamos un convenio exclusivo con el Valencia”.

El Ayuntamiento ha acordado en Junta Local solicitar un dictamen jurídico a la Secretaría Municipal y al asesor jurídico que determine la existencia de responsabilidades civiles y penales y poder actuar en consecuencia.

En la reunión han declarado dos de los funcionarios que fueron requeridos en anterior convocatoria, la tesorera y el arquitecto municipal, que han sido preguntados por los portavoces de los diferentes grupos políticos.

La tesorera ha explicado que el Valencia realizó correctamente todos los pagos en plazo y forma, con los aplazamientos solicitados correspondientes, hasta completar los 22 millones de euros que se ingresaron en las arcas municipales entre los años 2007 y 2014.

Respecto al destino de esta cantidad económica, la funcionaria ha manifestado desconocer en qué fue empleado y si se cumplió lo indicado en el convenio y ha dejado claro que su cometido era únicamente “fiscalizar los ingresos”.

El arquitecto municipal, que comenzó a trabajar en el consistorio el 27 de mayo de 2010 y que ha sido partícipe del proyecto de reparcelación del PAI, ha sido preguntado sobre los motivos esgrimidos en la sentencia del Tribunal Supremo de anulación del PAI de Porxinos, y entre los que figuraba la falta de garantía de suficiencia hídrica, motivo que, según el arquitecto, parece ser el que cobra más fuerza.

El arquitecto también ha sido preguntado a requerimiento del portavoz de Riba-roja Pot, Rubén Ferrer, sobre los lindes del PAI y si conocía el porqué fue incluida en un inicio la parcela propiedad del ex Alcalde.

El presidente de la Comisión ha informado que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha recibido un requerimiento del Valencia club de fútbol en el que le reclama el pago de 25 millones de euros como compensación por la anulación del PAI de Porxinos por parte del Tribunal Supremo en el caso de que el nuevo plan tampoco salga adelante.

Asimismo Raga ha informado del expediente de responsabilidad patrimonial que el Valencia ha reclamado a la Generalitat por importe de 19.461.892 euros, en concepto del 1.234.873 metros cuadrados de suelo no urbanizable que tuvo que adquirir y del que la Generalitat solicita al Ayuntamiento que emita informe que esclarezca la posible responsabilidad de la administración en este asunto.

Por último, el portavoz de Compromís ha solicitado incluir en las próximas comparecencias la declaración del ex presidente del Valencia, Vicente Soriano, mientras que la portavoz de Ciudadanos, ha reclamado al secretario la solicitud de las certificaciones literales de las parcelas a nombre de Litoral del Este como se acordó en la pasada convocatoria.

La Comisión ha acordado establecer de plazo hasta el próximo 2 de septiembre para formular preguntas por escrito a la que fuera secretaria municipal e interventor, durante la época de aprobación del PAI. Una vez finalicen las comparecencias de los técnicos, la Comisión comenzará a llamar a declarar a los responsables políticos y a los ex presidentes del Valencia del momento.