La licencia del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria expiró a finales de diciembre
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha ordenado el cierre de la última de las cuatro canteras que operaban hasta ahora en término municipal tras expirar el pasado 31 de diciembre la licencia administrativa para la extracción de piedra y tierra en la partida conocida como el Pla de Totxar, en el área sur, junto a las áreas residenciales de la Llobatera y Masía de Traver y tras extraer más de 34 millones de toneladas.
La Junta de Gobierno local ha aprobado en votación ordinaria requerir a la mercantil Aristaria -propietaria de la cantera- el cierre de la actividad que lleva a cabo en esta zona de Riba-roja al tiempo que ha notificado, además, a la empresa su obligación de proceder a la inmediata restauración de la zona tras más de dos décadas de extracción de tierra y piedra.
La empresa propietaria de la cantera comenzó su actividad en un área de notable valor ecológico cercano a los restos existentes del acueducto romano de Porxinos hace más de dos décadas aunque no fue hasta octubre del año 2003 cuando se firma el convenio entre ambas partes -previo a la concesión de la licencia definitiva- en la denominada cantera del Porvenir con el objetivo expreso funcionar como planta de hormigón en su actividad principal así como con las complementarias, dedicadas a la trituración y clasificación de áridos.
El informe municipal de la Junta de Gobierno subraya que las licencias de trituración de áridos no se aprobó de forma definitiva hasta febrero de 2008, la de extracción de piedra caliza en enero de 2005 y la de planta de hormigón en junio de 2009, por tanto, “la empresa funcionó sin el correspondiente permiso durante años por la pasividad municipal”.
Entre los argumentos esgrimidos por el ayuntamiento para proceder al cierre de la cantera cabe destacar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que aceptaba un recurso del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en contra de una resolución de la Conselleria de Medio Ambiente en la que concedía a la citada empresa la declaración de interés comunitario (DIC) para la cantera por un periodo de 15 años.
Un nuevo fallo del Tribunal Supremo avalaba la sentencia previa de la jurisdicción valenciana por tres motivos: el plazo de 15 años no estaba justificado, los accesos a la cantera no estaban definidos y, por último, los magistrados consideraban que en su momento no respetó la distancia mínima de seguridad de 50 metros respecto de los restos arqueológicos de Porxinos.
Por tanto, el actual gobierno de Riba-roja subraya que no cabe dudas sobre la finalización del convenio entre ambas partes con fecha 31 de diciembre pasado ya que “a a partir de esa fecha el ayuntamiento no puede sentirse vinculado por el mismo, sino que debe ejercer su potestad en orden a requerir el cierre de la actividad y la restauración ambiental del espacio afectado por la explotación”.
El convenio firmado en el 2003 entre la empresa y el consistorio obliga a la mercantil al pago de 6.010 euros anuales por la actividad de la planta de hormigón y una cantidad exacta por la actividad de trituración y clasificación de áridos. Además, otros 30.050 euros anuales con fines de interés social, además de otras contraprestaciones como la pavimentación de caminos municipales, otorgar al ayuntamiento otras 6.000 toneladas de zahorra hasta el cierre de la trituración, 12 camiones de hormigón al año, la donación de un autobús municipal y la colaboración en la restauración de un molino.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestado que con la ordenación del cierre de la última cantera “cumplimos el compromiso con todos los vecinos de velar por el respeto a la legalidad vigente en estos momentos y por ello ordenamos el cese de la actividad ya que se ha cumplido con creces el plazo para el que tenía concedida la licencia municipal; durante años estas actividades han producido un enorme impacto ambiental en nuestro entorno y ahora es el momento de reponerlo”.
Algunos estudios de ingeniería cifran en 62,3 millones de metros cúbicos la extracción de áridos durante los más de 25 años en los que han operado las cuatro canteras en Riba-roja de Túria, cuya facturación anual superaba, en su conjunto, los 50 millones de euros.
Las licencias caducaban entre los años 2012 y 2013, aunque a continuación se renovaron por otro periodo añadido que concluía en diciembre pasado.