Los cuatro millones de las obras de construcción del puente los pagarán los propietarios del suelo del PAI Mas de Baló de Riba-roja
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la expropiación de los 42.000 metros cuadrados necesarios para la construcción de un puente que permita conectar los polígonos industriales con la Nacional III. Las obras tienen un coste de 4 millones de euros que financiarán los propietarios del suelo del PAI Mas de Baló.
La aprobación del proyecto iniciado en el año 2008 contó con los votos a favor del equipo de gobierno -PSPV, Compromís y EU-, del PP y Ciudadanos y la abstención de Riba-roja Pot.
La construcción del puente será posible gracias a la expropiación de terrenos aprobada en el pleno y que afectará en 32.674 metros cuadrados de Chiva y de 9.347 metros correspondiente a Riba-roja de Túria y la resolución de diversas alegaciones presentadas por propietarios del suelo y del Ayuntamiento de Chiva y que estaban sin dictaminar desde e2009.
Con la puesta en marcha del plan de comunicaciones del PAI Mas de Baló se mejorarán las comunicaciones entre este sector y el resto de polígonos industriales del área suroeste que albergan alrededor de 800 empresas y las principales ciudades españolas, especialmente, las del área mediterránea y, por ende, el eje logístico europeo y las ciudades del interior de España.
De esta forma, se reducirá notablemente la duración empleada para el transporte de las mercancías, se incentivará la instalación de nuevas empresas y se evitará la fuga de otras ocurrida en los últimos meses.
El proyecto de construcción cuenta con los votos favorables del arquitecto municipal, el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Comisión Territorial de Urbanismo que validó la modificación del sector Mas de Baló. Los 4 millones de euros que cuestan las obras se pagarán mediante las cuotas de los propietarios del suelo afectada por el plan.
La aprobación de los accesos a la Nacional III se une al acuerdo plenario que el Ayuntamiento de Riba-roja tomó en enero para la incautación de 1,9 millones de euros correspondientes al aval que promovió en el 2002 la familia del ex presidente del Valencia CF Juan Soler como agente urbanizador para construir el polígono industrial y que estaba paralizado desde hace más de un lustro.
El equipo de gobierno de Riba-roja considera que con la aprobación de las expropiaciones “se pone el punto final a un proceso largo y farragoso que auspició el PP,permitió plusvalías enormes para los propietarios a pesar y al tiempo miró para otra parte a la hora de exigir al agente urbanizador el cumplimiento de todas las obligaciones que ahora debe llevar a cabo directamente el ayuntamiento”.
