El gobierno de Riba-roja de Túria adjudica una auditoría laboral a la Universitat de València por 37.000 euros
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y EU- ha denunciado que el 40% de los empleados públicos de la localidad -144 de los 343- está en una situación “irregular” ya que están clasificados como personal interinos o temporal y, por tanto, “a expensas de la voluntad o el capricho político determinado”.
Las cifras actuales en materia de personal expresan, según los actuales gestores, la “precariedad” y el “clientelismo político” al que están sometidos buena parte de los trabajadores con contratos que superan los 10 y los 15 años de duración. De los 343 del total existen 118 como funcionarios y otros 225 en situación de laboral de los que 89 y 110 están considerados fijos.
El colectivo de los interinos continúa siendo uno de los más numerosos de la comarca desde hace años “por culpa de las políticas de personal llevadas a cabo por el PP durante las dos décadas de gobierno al frente del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria”, añaden.
De los 118 funcionarios existen 29 plazas vacantes ocupadas al tiempo por trabajadores en situación interina, que esperan que el consistorio saque a oposición o concurso-oposición las mismas.
Por su parte, de los 225 empleados laborales hay 115 plazas calificadas como vacantes aunque, “paradójicamente”, están ocupadas por trabajadores con contratos eventuales. Se trata de una situación de “anomalía e irregularidad”, ya que “la situación momentánea con que se crearon en un momento puntual se ha llegado a considerar en habitual sin que haya cambiado, en absoluto, a lo largo de los últimos 10 o 15 años”.
El Ayuntamiento ha encargado a la Universitat de València una auditoría laboral por un valor de 37.000 euros para que realice una “radiografía exhaustiva” sobre la situación administrativa que viven los 343 empleados públicos, los funcionarios y los laborales, con para “establecer la posibilidad de disfunciones entre las categorías laborales y las tareas que, realmente, llevan a cabo en los diversos departamentos municipales”.
En una segunda etapa y a la vista de las conclusiones que arroje la auditoría, el actual gobierno procederá a regularizar la situación de los trabajadores interinos o temporales en el consistorio local para “dotar a estos trabajadores más expuestos a posibles caprichos de los gestores políticos”.
El edil de personal, José Luis López, ha acusado al PP de “someter” a los trabajadores a “prácticas propias del clientelismo y serviles para de esta forma permitir que se plegasen a sus intereses políticos, por tanto se facilita la creación de trabajadores públicos al servicio de los concejales de turno en lugar de fomentar la profesionalidad a través de la estabilidad laboral”.
El gobierno de Riba-roja ha detallado algunos ejemplos de las prácticas que durante estas dos últimas décadas el PP ha fomentado en la gestión laboral del ayuntamiento como “la presencia de conserjes que realizan tareas de administrativos, técnicos contratados a tiempo parcial en lugares clave de determinadas áreas municipales, trabajadores con más de 14 años en situación interina, inspectores de la policía local en situación irregular o remuneraciones económicas superiores a las categorías laborales ocupadas”.
