El estudio legal recuerda que el consistorio de Riba-roja cumplió el compromiso adquirido en el convenio al volver a tramitar el plan tras anularlo el Supremo
Un informe jurídico elaborado a instancias del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria – PSPV, Compromís y EU- exime al consistorio del pago de 25 millones de euros que reclama ahora la empresa Litoral Este constituida por el Valencia CF como compensación por la anulación del PAI de Porxinos por parte del Tribunal Supremo.
El dictamen legal aduce que el actual gobierno de Riba-roja de Túria ha cumplido “escrupulosamente” el convenio que ambas partes -consistorio y agente urbanizador- rubricaron en junio de 2005 para el desarrollo del PAI que la empresa constituida por el Valencia CF quería llevar a cabo en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable de protección agrícola para levantar 2.800 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva.
Las conclusiones del informe jurídico son “tajantes” al afirmar que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tramitó en junio de 2005 el convenio firmado en abril de ese mismo año y, posteriormente, lo trasladó a la Generalitat para su aprobación definitiva que, sin embargo, una sentencia primero del TSJ de abril de 2013 y una del Supremo de junio de 2016 declaró nulos el plan parcial y la homologación del proyecto.
La mercantil Litorial del Este reclama al Ayuntamiento de Riba-roja 25 millones de euros por responsabilidad patrimonial por la anulación del plan y otros 19 millones a la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Territorio. El agente urbanizador pagó al consistorio 20 millones de euros por la aprobación provisional del plan.
El estudio legal ratifica que el nuevo plan de Porxinos presentado en marzo de 2016 en el ayuntamiento por parte de Litoral del Este fue, nuevamente, tramitado por el gobierno local en abril pasado ante la Conselleria de Obras Públicas con el objetivo de respetar el convenio inicial firmado entre ambas partes. La aprobación definitiva del PAI corresponde a la Generalitat, última instancia administrativa como garante del cumplimiento de la legislación urbanística valenciana actual.
“Las obligaciones del ayuntamiento no alcanzan a garantizar o asegurar la aprobación definitiva por parte de la Generalitat ni su convalidación por parte de los tribunales de justicia, el convenio no contiene una cláusula de invalidez del mismo en el supuesto de que el PAI no llegara a aprobarse por la conselleria o se anulara en los tribunales, ni tampoco una cláusula penal o resolutoria que obligue a la devolución de las aportaciones”, subraya el texto jurídico.
Entre las razones aportadas por el informe técnico esgrime que cuando se presentó el PAI “el suelo estaba clasificado como no urbanizable de protección agrícola”, por lo tanto ratifica que “no contaba con un derecho previo a la tramitación y aprobación definitiva ni tampoco ningún aprovechamiento cuya eventual anulación pudiese comportar indemnización; su iniciativa se planteaba a riesgo y ventura de que pudiera o no prosperar tal y como se recoge en el sistema de gestión indirecta de los programas regulados por la ley urbanística valenciana”, concluye.
El informe jurídico insiste en que el convenio firmado entre el ayuntamiento y el agente urbanizador “no ha sido anulado por los tribunales sino el plan parcial y la homologación” y por tanto, “si el PAI no puede desarrollarse no es por la anulación del convenio sino por la anulación de los instrumentos del planeamiento”, por lo que no cabe lugar a una indemnización como solicita Litoral del Este.
Por último, el estudio técnico legal considera “injustificados” los 3,4 millones de euros que pide el urbanizador por gastos generales, insta al demandante a solicitar a los propietarios de terrenos de Porxinos los 956.000 euros como indemnización y recuerda que el Valencia CF no actuó de buena fe al intentar llevarse “a escondidas” la ciudad deportiva a Nàquera.
El ejecutivo local de Riba-roja ha manifestado que las conclusiones del informe “avalan la actuación del actual equipo de gobierno que ha actuado de acuerdo a la ley con el único ánimo de defender los intereses de los vecinos en un asunto que desde el primer momento y advertimos que supondría numerosos problemas y gastos para las arcas municipales por culpa del empecinamiento del PP de llevarlo a cabo”.
