Investigan el destino de 113.000 euros del contrato de la limpieza de calles

El pleno de Riba-roja creará una comisión para averiguar dónde fue el dinero de las campañas de concienciación social

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria investigará el contrato de la limpieza viaria para averiguar el destino de los 113.000 euros que la empresa concesionaria debía haber invertido en campañas de concienciación ciudadana. A día de hoy, según fuentes municipales, estas acciones no se han llevado a cabo.

El consistorio ha convocado un pleno extraordinario el próximo lunes en el que se constituirá una comisión de investigación tras la aprobación de una comisión que estudia una posible municipalización del servicio público y de la prórroga del contrato entre ambas partes a instancias de un informe técnico municipal en el que se instaba a seguir este procedimiento ya que el anterior gobierno del PP no efectuó la denuncia del convenio para rescindir o prorrogar la relación bilateral.    

El contrato suscrito por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y la empresa concesionaria estipula una serie de inversiones que la adjudicataria debe realizar en campañas de concienciación ciudadana, cifrada en el 3% del coste del servicio y que suponen alrededor de 9.400 euros anuales.

Sin embargo, según el equipo de Gobierno, no se han ejecutado y la suma alcanza los 113.000 euros que el actual ejecutivo local quiere saber “en qué se han gastado”. En cambio, -subrayan estas mismas fuentes- “sí se destinaron 35.814 euros en gastos corrientes del ayuntamiento, entre ellos 5.000 euros antes de las elecciones de mayo de 2007”.

La mercantil exige 154.000 euros en amortización de maquinaria y actualización del índice de precios al consumo (IPC) y el equipo de gobierno ha reclamado las campañas de concienciación que en el citado periodo no se han ejecutado.  

Junto a la comisión de investigación sobre la limpieza viaria se creará otra, en la misma sesión, para estudiar los hechos que se produjeron el pasado 31 de enero en el Ayuntamiento en relación a “la grabación ilegal que realizó el portavoz de Riba-roja Pot” de una conversación telefónica entre los ediles de Ciudadanos y el concejal de EU.