Podemos lleva a la Fiscalía el contrato de la asesoría jurídica

El equipo de Gobierno de Riba-roja atribuye la denuncia a una “rabieta” y a las “ansias” de moción de censura

Los tres concejales del grupo Riba-roja Puede del Ayuntamiento de Riba-roja acompañados del Síndic del Grupo Parlamentario y Secretario General de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, se han presentado esta mañana en la Ciudad de la Justicia para llevar a la Fiscalía un dosier de 80 páginas con las “pruebas” de un “presunto amaño en la adjudicación del contrato de Asesoría Jurídica municipal”.

Los concejales firmantes del escrito, Concha Noguera, Andrés Fernández y Rubén Ferrer, manifestaron ante el juzgado que “llevamos sobre este asunto varios meses pero no hemos obtenido las pruebas definitivas que nos han hecho dar el paso hasta hace pocos días, justo el tiempo imprescindible para preparar el escrito denuncia”. Según Podemos, estas pruebas “podrían ser incriminatorias de un delito o delitos de carácter público aparejando penas de prisión e inhabilitación a los responsables del amaño del contrato, entre los cuales está el alcalde”.

El equipo de gobierno ha atribuido la denuncia de Podemos en la Fiscalía a una “rabieta” del portavoz municipal, Rubén Ferrer, al proceso interno de elecciones y a “sus ansias de una moción de censura” .

El Ejecutivo socialista a través de un comunicado ha alegado que dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria “avalan plenamente el proceso de contratación pública de la asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo así como la defensa en juicio de procedimientos de orden civil y mercantil” y “desmienten tajantemente la denuncia”.

Los dictámenes municipales establecen que el Ayuntamiento aplicó el procedimiento establecido para la adjudicación de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público. Para ello, continúan fuentes municipales, se presentaron tres ofertas y se adjudicó la de menor cuantía de ellas por un importe de 53.640 euros para un periodo de tres años, a razón de 21.780 euros anuales, impuestos incluidos.

La ley actual del sector público atribuye a la alcaldía la competencia para adjudicar contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados “cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los plurianuales cuando su duración no sea superior a cuatro años”, requisitos todos ellos que cumple el contrato de asesoría jurídica.

Ambos informes constatan que en el expediente de contratación se realizaron todos los trámites necesarios para su adjudicación definitiva como la providencia de alcaldía sobre incoación del expediente de conformidad, el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas, el informe favorable del secretario, el coste del contrato sin prórrogas y, por último, el informe sobre la existencia de créditos económicos para su financiación.

Finalmente, la contratación de la asesoría jurídica se aprobó mediante una resolución de alcaldía con fecha 8 de agosto de 2016 tras los informes favorables del secretario sobre los pliegos de condiciones para rubricar el contrato y de la interventora municipal del 18 de junio respecto de la fiscalización del expediente. El órgano de contratación procedió a la apertura de las plicas, examinó la documentación aportada y se clasificaron las mismas de forma que la más ventajosa económicamente fue la adjudicataria, fijada en 53.640 euros.

Además, la empresa que resultó adjudicataria en el proceso aportó la documentación correspondiente a la declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición para contratar. Finalizado el proceso, un informe-propuesta del secretario del ayuntamiento -con fecha 8 de agosto de 2016- para adjudicar el contrato y la disposición del gasto para el primer año presupuestario.

Desde Podemos han añadido que a partir de este momento “dejaremos actuar a la Justicia, no sin antes pedir el pronunciamiento de los socios de gobierno del alcalde socialista: Compromís y EU, así como sus fieles aliados Ciudadanos, por si van a seguir apoyando a un alcalde que está presuntamente implicado en este caso de corrupción”.

El equipo de Gobierno atribuye esta actuación a  una “rabieta” del portavoz municipal, Rubén Ferrer, tras su reprobación pública y solicitud de dimisión aprobada por mayoría absoluta el pasado 8 de mayo por “escuchar, difundir y manipular conversaciones privadas del grupo municipal Ciudadanos en dependencias del ayuntamiento” y considera que la denuncia “responde a un claro propósito político de Podemos por adquirir notoriedad en el proceso de elecciones internas para elegir a sus miembros, aunque para ello tengan que mancillar el nombre del municipio sin ningún tipo de escrúpulos; el grupo municipal de Riba-roja Pot se ha convertido en el ariete político del PP en sus ansias por realizar una moción de censura contra el actual gobierno”.