Nueva polémica política en San Antonio de Benagéber, en la que existe un trasfondo urbanístico y sentencias judiciales que contribuyen a enturbiar el asunto. En las obras de urbanización del PAI del Sector Industrial 1 de dicho municipio hubo unos sobrecostes y una mercantil, afectada por esta situación, denunció al consistorio por la carga económica ‘extra’ que se le había obligado a desembolsar. Una sentencia de mediados de 2013 otorgó la razón al demandante y, ahora, se ha dictado un auto en el que se reclama al Ayuntamiento de San Antonio el pago derivado de dicha sentencia, que alcanza casi los 700.000 euros.
José García
El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Valencia, con fecha 14 de enero de 2014, ha dictado un auto en el que se le da al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber un plazo de 10 días para que el consistorio abone 699.428 euros a la empresa que había presentado una demanda por la retasación que había aprobado dicho consistorio en 2005.
La sentencia de este caso se dictó en primera instancia en 2012 y luego llegó otra sentencia, a mediados de 2013, fijada por la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En ambas estimaba favorablemente la reclamación presentada contra el equipo de gobierno de San Antonio de Benagéber, condenándose al ayuntamiento a pagar el coste de la retasación y los intereses.
Cronología de los hechos
En el año 2001 se aprobó en San Antonio de Benagéber un PAI (Plan de Actuación Integrada) en el llamado Sector Industrial T-1, incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En dicha actuación se preveían los costes derivados de esa actuación y se establecía la identidad del agente urbanizador de las obras.
Durante la ejecución de esa urbanización apareció un vertedero ilegal en el que existían escombros orgánicos, metálicos y plásticos. El agente urbanizador alegó que los costes derivados del traslado de dichos vertidos no estaba previsto en el presupuesto aprobado, y que no podía hacerse cargo de dicha cantidad, por lo que instó al equipo de gobierno de la localidad a aprobar una retasación que ‘cubriera’ dichos sobrecostes.
El equipo de gobierno (del PP) accedió a dicha petición del agente urbanizador, en un pleno celebrado el 27 de octubre de 2005. Explica el alcalde, Eugenio Cañizares, que “incluso ahora volvería a tomar la misma decisión, porque consideramos que de no haber obrado de dicha manera, se habría repercutido sobre todos los propietarios incluidos en el PAI los costes que debía afrontar sólo quien poseía la parcela en que existía ese vertedero. Por eso actuamos como lo hicimos”.
Esta decisión de los dirigentes municipales se topó con la reclamación de la empresa que poseía los terrenos en que se asentaba el vertedero ilegal. Según dicha mercantil, ni Ayuntamiento ni agente urbanizador podían alegar desconocimiento de la existencia de los escombros depositados en esas tierras, por lo que no cabía alegarse imprevisión de los gastos derivados de hacerlos desaparecer, como paso previo a la ejecución del PAI.
Al final, las sentencias han avalado la reclamación de la empresa y se ha determinado que se le deben reingresar a la empresa reclamante la cantidad que en su día se abonó, tras haberse aprobado la retasación. En el último auto dictado se fija que el consistorio de San Antonio debe abonar una cantidad de 538.022 euros, y otros 161.406 euros para intereses y costas de resolución. En total, 699.428 euros.
Lecturas políticas
El alcalde del municipio, el popular Eugenio Cañizares, ha señalado que se deberá hacer frente a dicho auto “aunque la sentencia está recurrida”, y se ha mostrado seguro de que su apelación acabará dándole la razón al equipo de gobierno. “Nosotros actuamos del modo adecuado, y no entendemos este último auto, porque se nos insta a pagar una cantidad que en ningún caso le fue abonada al Ayuntamiento, sino a la empresa encargada de ejecutar el PAI”.
En la oposición, la formación política ‘Plataforma por San Antonio de Benagéber’ ha lamentado que se haya llegado a esta situación, “ya que nuestro partido ya había alertado anteriormente que nos encontrábamos en una situación irregular”, en palabras de su portavoz (Ramón Orozco).
También se lamenta “el perjuicio económico derivado de la mala gestión del equipo de gobierno, que implicará una mayor deuda de nuestro municipio, junto a la ineficaz gestión de los servicios jurídicos del consistorio, que vuelven a perder un juicio relacionado con asuntos urbanísticos”.