Un informe caligráfico prueba que se falsificó la firma del alcalde en las obras del Castillo

El PP pide seis años de cárcel para Arnal que ha declarado en el juicio contra él por un presunto delito de falsedad documental

La perito caligráfica que ha declarado hoy en el juicio contra el alcalde de Serra, Javier Arnal, por un presunto delito de falsedad documental ha mantenido que “sin ninguna duda” la firma que aparece en una de las tres certificaciones de obra de la fallida rehabilitación del Castillo de Serra no es la del primer edil socialista y que “el autor de la firma no se esmeró demasiado”. La presidenta del PP de Serra, Consuelo León, que presentó tras ser despedida del Ayuntamiento la denuncia contra Arnal para el que pide seis años de cárcel ha declarado, por su parte, que “yo no la firmé”.

El alcalde de Serra, un técnico municipal y dos funcionarios del ayuntamiento de la localidad de Camp de Túria han declarado hoy por un presunto delito de falsedad documental relacionado con el fallido proyecto de rehabilitación del Castillo denunciado por la presidenta del PP de la localidad, Consuelo León, y responsable en su día, como trabajadora municipal, de la tramitación del expediente.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha acogido esta mañana la primera sesión del juicio, en el que la defensa ha aportado como prueba un informe pericial caligráfico que concluye que las firmas que aparecen en uno de los tres certificados de obra no se corresponden con la del alcalde, ni con la del técnico municipal ni con la de la secretaria accidental.

En su declaración, la perito que firma el informe presentado por el abogado Javier Boix ha ratificado “sin ninguna duda” que las firmas no son las de los acusados, a pesar de que no ha tenido acceso al documento original, sino a una fotocopia. En el caso del alcalde ha apuntado que “quien hizo la firma no se esmeró demasiado” y respecto a la que figura como la de la secretaria accidental ha afirmado que “es muy burda. Está mal hecha. Quien lo ha hecho no sabe como continuar”.

Los hechos que denuncia el PP se remontan a noviembre de 2006 cuando el Ayuntamiento de Serra y el Ministerio de Fomento firmaron un convenio para la recuperación de los elementos defensivos medievales del Castillo cuyas obras se adjudicaron a Secopsa en febrero de 2007 y se autorizaron por la Conselleria de Cultura dos años después del acuerdo. Finalmente, el consistorio decidió desistir del proyecto por las dificultades técnicas, los daños de las lluvias torrenciales, el retraso en la autorización de Patrimonio y la falta de recursos propios.

El Ayuntamiento reintegró al ministerio los primeros 100.000 euros recibidos en el momento de la firma del convenio y liquidó a la empresa 45.000 euros de la caja municipal por los trabajos previos de preparación y desescombro efectuados, dejando sin efecto todos los acuerdos adoptados a través de un “decreto revocatorio”.

El PP acusa al alcalde y al ingeniero municipal de un delito continuado de falsedad en documento oficial por firmar y aprobar certificaciones de obras que no se llegaron a ejecutar.

Arnal ha declarado que firmó dos decretos de aprobación de sendas certificaciones firmadas por el ingeniero municipal que asumió la dirección de obras, mientras que ha mantenido que “no firmé la tercera”. El primer edil ha explicado que las certificaciones eran “adelantos a cuenta” para que la empresa pudiera acometer los trabajos previos como el acopio de material y la colocación de andamios y que “no se abonaron las certificaciones”.

El alcalde ha explicado que la denunciante dejó de trabajar en el Ayuntamiento de Serra en octubre de 2010 a raíz de un despido porque “falsificó un título académico con el que concursó por la plaza que se le adjudicó” .

Dos meses después de su despido interpuso una primera denuncia en la comisaría de Paterma que se desestimó por falta de pruebas y en septiembre de 2011 interpuso una nueva denuncia que fue admitida a trámite.

El técnico municipal ha declarado que el contratista solicitó pagos a cuenta para acopio de material y ha negado que firmara la tercera certificación en la que ha señalado “errores de bulto” como la fecha: “el 31 de agosto de 2008 era domingo y las partidas son superiores a las del proyecto”.

Por su parte, Consuelo León, en calidad de testigo, ha declarado que en su calidad de intermediaria entre el Ayuntamiento y Fomento remitió las tres certificaciones al ministerio y que tras su despido denunció porque “tengo miedo” y ante las “acusaciones de falsificadora y las amenazas del alcalde a mi entorno familiar”.