El Consorcio Provincial de Bomberos absorberá a los brigadistas
El presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, ha anunciado el “cierre ordenado y definitivo” de Divalterra. Durante la la Junta General extraordinaria para debatir sobre el estado de la empresa dependiente de la Diputación, ha avanzado que convocará “cuanto antes mejor” una nueva Junta General en la que se destituirá a los miembros del Consejo y se nombrará a los liquidadores, paso previo a la disolución, liquidación y extinción de Divalterra SA.
En palabras del presidente, “esta medida permitirá la única obsesión que mueve mis decisiones y la del resto del equipo de gobierno, que no es otra que asegurar el trabajo digno de las casi 600 personas que integran la actual Divalterra”.
Con la disolución de Divalterra, el Consorcio Provincial de Bomberos absorberá a los brigadistas, la mayor parte de los trabajadores de la empresa, mientras que la propia corporación asumirá y reubicará al resto de la plantilla, como ha sucedido con el Patronat de Turisme. “Las personas siguen siendo la máxima prioridad”, ha asegurado el presidente Gaspar, que ha informado a las trabajadoras y trabajadores de la empresa de la decisión tomada al tiempo que se hacía pública en la Junta General.
El máximo responsable provincial ha situado Divalterra como “exponente de esa enfermedad que sufre la política en estos tiempos inciertos, que no es otra que insistir en lo mal que lo hacen los demás y justificar lo bien que lo han hecho los nuestros”. Frente a esta realidad guionizada, Gaspar prefiere “dar respuesta a los problemas históricos que perduran en esta institución tratando de darles solución, sin contribuir al molesto ruido que solo aporta descrédito”. “Los errores cometidos en Imelsa y después en Divalterra impulsaron la voluntad de este equipo de gobierno de dar estabilidad y viabilidad a la empresa”, ha añadido el presidente.
Y esa solución es fruto de la voluntad del equipo de gobierno que encabeza Gaspar y del informe conjunto encargado a los departamentos de Secretaría e Intervención de la Diputación, que ha analizado los diferentes escenarios planteados para el futuro de la empresa. El resultado del mismo conduce hacia un proceso de disolución que abordará con urgencia la integración de los brigadistas, parte principal y mayoritaria de Divalterra, en el Consorcio Provincial de Bomberos, al tiempo que el resto de servicios minoritarios que presta la empresa se integrarán en la Diputación.
Toni Gaspar tiene claro que “se ha acabado Divalterra” y piensa ya en el futuro de las trabajadoras de la empresa dependiente de la corporación provincial. “La letra pequeña la iremos definiendo de forma conjunta; mañana mismo he convocado a los representantes de los trabajadores para empezar a escribirla”, ha señalado Gaspar, que espera tener “la colaboración de todos en este histórico paso”, ya que “el único beneficio al que aspiramos en este último capítulo de la empresa es el futuro laboral de quienes la integran y el servicio que prestan a los municipios valencianos”.
Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, María Josep Amigó, ha considerado que esta ha sido “una decisión muy meditada, desde que en julio de 2018 avanzamos el cierre ordenado de Divalterra, que después de casi tres años y los informes pertinentes ha llegado el momento de anunciar”. Amigó ha añadido que esta decisión “se toma para preservar los derechos de las trabajadoras y trabajadores, que no son responsables de las cosas que históricamente han pasado en la empresa”.
Debate previo
La intervención del presidente Gaspar ha estado precedida del debate solicitado por los grupos en la oposición para hablar sobre Divalterra , en el que Ciudadanos y el PP han pedido nombrar a un nuevo presidente del Consejo, de perfil técnico, y un nuevo responsable jurídico en sustitución de Ramiro Rivera y José Luis Vera para “terminar con la incertidumbre entre los trabajadores y la vergüenza en los medios”.
El portavoz de Vox, Joaquín Alés, mostró su preocupación y “honda desconfianza” por la situación de Divalterra y aseguró estar pendiente del informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude en referencia al proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos de la empresa.
La portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, lamentó que los trabajadores de Divalterra “estén siempre en el punto de mira por culpa de los políticos que nos gobiernan”, y se preguntó si “el presidente del Consejo hubiese puesto tanto ímpetu en el proceso de selección de cualquier otro puesto de la empresa”. Por todo ello, pidió que dejen de haber políticos al frente del Consejo de Divalterra y propuso a la Junta realizar un mandato para destituir al jefe de los Servicios Jurídicos, al tiempo que se pone el caso de la jefa de Recursos Humanos en manos de la Fiscalía.
El portavoz del PP, Vicente Mompó, quien consideró que “no pueden seguir en la empresa ni el presidente del Consejo de Administración ni quien redactó el informe que hablaba de las irregularidades en el proceso de selección del jefe de Recursos Humanos”. Mompó manifestó que “el ruido causado por la hipoteca reputacional de Divalterra no se puede eliminar con una caza de brujas que se ha acabado cobrando la cabeza del gerente”. El portavoz del PP en la Diputación terminó tendiendo la mano al presidente Gaspar para acordar que Divalterra “esté administrada por los técnicos”.
El último en intervenir ha sido el presidente del Consejo de Divalterra, Ramiro Rivera, quien tras repasar la actividad y el estado actual de una empresa “solvente que cuenta con la implicación y la profesionalidad de sus 589 trabajadores”, ha dado respuesta a las preguntas de la oposición. “Ordené suspender de forma cautelar el proceso de selección en Recursos Humanos con la prudencia con la que siempre actúo, velando por evitar irregularidades”.
Rivera insistió en la transparencia con la que ha actuado, tratando de resolver un recurso que llegó al Consejo y que, por tanto, “era mi deber resolverlo por el bien de la empresa”. Además, el todavía presidente del Consejo de Divalterra reclamó respeto para los trabajadores de la empresa que cumplen con sus obligaciones, “caso del señor Vera”; recordó a la oposición que para ir a la justicia “tendrán que ver primero a quién acusan y de qué”; y terminó respondiendo sobre el espectáculo mediático generado en torno a la empresa: “no habrán visto declaraciones mías en la prensa, por respeto a las trabajadoras y trabajadores de Divalterra”.